Desde el fraude electoral perpetrado en el 2008, los gobiernos municipales han experimentado un tremendo retroceso en su grado de autonomía y descentralización respecto al Gobierno central, el cual había sido ganado a través de los años y plasmado en la Ley 40, Ley de Municipios.
A medida que el partido de gobierno ocupó más alcaldías, unas ganadas legalmente y otras no, porque más de 40 fueron ocupadas por la vía del fraude, los alcaldes perdieron su nivel de independencia y maniobra, convirtiéndose en una clase de alumnos aplicados dirigida tras bastidores por el maestro Nelson Artola, presidente ejecutivo del “Nuevo” Fise, y la rectora superiora en asuntos municipales, doña Rosario Murillo.
Es así que hemos visto desfilar a muchos alcaldes que han sido destituidos de ipso facto, unos del partido de gobierno, pero otros también de la oposición, como fue el caso más sonado de todos, del alcalde de Boaco y ahora diputado, Hugo Barquero. Los alcaldes desaplicados y no obedientes son reportados y sancionados rápidamente.
También está el grupo de los aplicados de la oposición, concretamente algunos alcaldes del PLC y uno conservador, que en este período arriaron sus banderas y se pasaron por arte de magia al FSLN, gracias al impresionante “poder de persuasión” de Artola.
Adiós a la pregonada autonomía municipal por la que el Frente Sandinista tanto luchó cuando estaba en la oposición. Esto me recuerda cuando en los ochenta decían algunos: No es lo mismo un comunicado o un parte de guerra “desde algún lugar de Nicaragua” que un decreto desde la Casa de Gobierno.
Un fenómeno similar de erosión de la autonomía hemos visto con los rectores y consejos de las universidades estatales, como la UNAN, pareciera que la autonomía solo era válida en la lucha contra Somoza y contra los “nefastos gobiernos neoliberales” de los años noventa.
Eso es porque ahora ya estamos en la época moderna, “cristiana, socialista y solidaria”, en que la autonomía ya no es necesaria porque el propio rector de la UNAN de León, el doctor Roger Gurdián, por ejemplo, ha sido lanzado como candidato a ocupar la silla edilicia de esa ciudad, es decir, otro cargo con la autonomía carcomida por el cáncer del autoritarismo y el centralismo. ¿Para qué autonomía si el propio pueblo es el presidente?
Es un contrasentido que el propio pueblo quiera ser autónomo de sí mismo. Bienvenida entonces la época en que a los alcaldes se les “bajan orientaciones” que ni siquiera ameritan leyes o decretos, sino una orden policial, como la que eliminen el peaje en Semana Santa, que se hacía necesario para poder hacerle frente a la limpieza de las playas.
Ya los alcaldes tampoco tienen por qué regular ni ordenar a las fritangas que hacen la competencia desleal al comercio formal: que invadan las playas y bloqueen las calles porque es una “orientación superior”. Quien oponga, critique o proteste será rápidamente llamado al orden por el nuevo superalcalde del nuevo FISE, Nelson Artola, quien a su vez también recibe “orientaciones superiores” (léase ordenes terminantes) de la presidencia.
Así las cosas, ya no puede haber alcalde en el pueblo. Imaginar tan siquiera un alcalde del FSLN con criterio propio, como Nicho Marenco, en el 2013, es imposible en las actuales circunstancias.
En fin, las alcaldías y las universidades han entregado su autonomía que tanta lucha costó, para que tanto los gobiernos municipales como los centros de educación superior contaran con un necesario margen de acción, tanto para llevar a cabo su gestión ante sus ciudadanos como para que la educación no se viese manchada de sesgos políticos en la que hoy está inmersa.
El autor es diputado por la Bancada Democrática Nicaragüense
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