Gloria Picón Duarte
Todo hace indicar que el dictamen de Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) será aprobado tal como lo tiene concebido la bancada del Frente Sandinista, pese a que la empresa privada y diferentes sectores han señalado que el artículo 4 y el artículo 9 lesionan derechos constitucionales.
“En otras palabras si yo banco decido mandar un reporte de operación sospechosa de vos ahí sí la UAF puede actuar, pero si decido no enviarlo, entonces la UAF no puede actuar y estamos hablando de narcoactividad, crimen organizado, blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, o sea que no podemos dejar al arbitrio de los sujetos obligados a informar que si la UAF cumple o no sus funciones”, señaló Gutiérrez.
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y otros sectores han señalado que la lista de los sujetos obligados a brindar información a la UAF debe ser taxativa o limitada, sin embargo el dictamen señala que la lista no es taxativa o limitada, en consecuencia a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigación Económica (DIE) de la Policía Nacional, serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la Ley o por la naturaleza de su actividad o profesión maneje fondos o recursos, datos o información que sean requeridos por la UAF en el ejercicio de sus funciones.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de producción, economía y presupuesto, dijo ante los medios de comunicación que si cedieran a los planteamientos del sector privados, “entonces no cumpliríamos con las recomendaciones del grupo Gafic (Grupo de Acción Financiera del Caribe) y el país no saldría de la lista gris; y el objetivo fundamental es salir de esa lista gris y los primeros y más beneficiados serían el mismo sector bancario”.
COSEP RECOMIENDA A ESPECIALISTA DEL BM
Sin embargo José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que esa es una interpretación de los legisladores oficialistas, por lo cual ellos recomiendan que venga un especialista del Banco Mundial y en base a su experiencia determine quién tiene la razón. “Si queremos tener una buena ley que vengan los que conocen la materia y no le demos las interpretaciones que cada quien crea”, indicó Aguerri.
Gutiérrez insiste en que el dictamen está ajustado a las cuarenta recomendaciones de la Gafic y a las nueve recomendaciones del grupo de Egmont. “No abría por qué no aprobarlo de esa manera (…). Está bien difícil que saliéramos con otra cosa, si es que queremos salir de la lista gris”.
Gutiérrez afirma que la recomendación número 20 del Grupo Gafic dice claramente que las listas deben ser abiertas.
La recomendación número 20 de la Gafic señala que “si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados con la financiación del terrorismo, se le debe exigir, por la ley, a que informen rápidamente de sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
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