El régimen orteguista ha reaccionado de manera virulenta al anuncio de EE. UU., de que es “muy difícil” que este año otorgue al gobierno de Nicaragua las dispensas (waivers) para poder recibir ayuda estadounidense directa y/o por medio de las instituciones financieras internacionales.
El jueves de la semana pasada, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, expresó que “el waiver es un invento de la política norteamericana, es un poco la expresión de ese abuso imperial que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos se erige en el juez supremo que anda decidiendo quién en el mundo es transparente, quién es eficiente, quién lucha adecuadamente contra el narcotráfico o quién respeta las propiedades de la gente”, según publicó el periódico electrónico oficialista El 19 Digital.
Tal ha sido la única reacción oficial a la declaración de la embajadora de Estados Unidos en Managua, señora Phillys Powers, de que este año difícilmente se aprobarán las dos dispensas para Nicaragua, una de las cuales es sobre transparencia fiscal y la otra por la solución de conflictos de propiedad de ciudadanos estadounidenses.
Como se recordará, el viernes 11 de mayo corriente, en su presentación ante la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (Amcham), la embajadora Powers dijo lo siguiente: “La persistente falta de transparencia fiscal, la incapacidad del Gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver las nuevas tomas e invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses y, especialmente, las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado y la ausencia de medidas que indiquen que se está mejorando las condiciones para las elecciones de este año, hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil”.
Haciendo a un lado la virulencia verbal del asesor presidencial, lo que ha demostrado su declaración es que Daniel Ortega está seriamente preocupado por la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no apruebe los waivers de este año, sobre todo el de propiedad, que podría significar la pérdida o retención de cuantiosos créditos de organismos financieros internacionales que sostienen el equilibrio económico del país.
Pero la solución de este grave problema está en manos del mismo Ortega, no en las de EE. UU. Las medidas de transparencia fiscal que es necesario aplicar, así como la solución de los problemas de propiedad y la creación de las condiciones legales y políticas apropiadas para que haya elecciones justas y limpias en Nicaragua, comenzando con la integración de un poder electoral independiente y honesto , son del más legítimo interés nacional, de los nicaragüenses, no de Estados Unidos.
De manera que lo único que tiene que hacer Ortega es poner manos a la obra y adoptar las medidas para hacerse merecedor de los waivers, aunque siga usando la retórica política virulenta que es el único lenguaje que sabe hablar.
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