Tania Sirias y Ramón Potosme
“Nicaragua no puede pretender realizar un canal interoceánico sin antes pedir y oír el criterio de Costa Rica, y en el caso, como en el presente, donde puedan afectarse derechos de Costa Rica, la opinión de Costa Rica es vinculante”, indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.
El vicecanciller costarricense Carlos Roverssi envió hoy una nota diplomática donde solicita que “dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del nicaragüense río San Juan , su navegabilidad, las afectaciones al costarricense río Colorado”, indicó Roverssi.
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- “En este momento donde hay un receso económico mundial, países como China o Rusia, que han mostrado interés por el canal, no cuentan con los recursos para esta obra”.
- Carlos Tünnermann, analista político.
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La iniciativa de ley para la construcción de un canal interoceánico es una maniobra del ejecutivo para desviar la atención del escándalo de la emisión de cédulas a miembros del narcotráfico y el crimen organizado, donde está involucrado un magistrado suplente del poder electoral, dijo el jurista y analista político, Carlos Tünnermann.
Consideró que hay otros temas de interés, como es el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), a los cuales ya se les venció su periodo, pero que además están señalados de cometer fraudes electorales.
“Si uno ve las declaraciones del secretario del ejecutivo (Paul Oquist), dice que la obra se estima en 30 mil millones de dólares, donde Nicaragua pondría el 50 por ciento, es decir 15 mil millones de dólares, recursos con los que no se cuentan. Además muy pocos países están en condiciones para hacer esta fuerte inversión”, opinó Tünnermann.
Agregó que el tema que debería preocupar al ejecutivo, es la aprobación de las dispensas de parte del Gobierno norteamericano.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Yali Molina Palacios, sostuvo que de hacerse una realidad, a través de un proyecto de ley para la regulación del canal interoceánico, creando un organismo que va a estar regulando y hablando con empresas de gran capital, se recibe la idea con beneplácito.
CREAR COMISIÓN ESPECIAL
El diputado Agustín Jarquín Anaya propuso que se forme una comisión especial para dictaminar la iniciativa de ley del marco jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y la autoridad del canal. Consideró que ello es por la envergadura de la obra involucrar aspectos de ingeniería, sociales, ambientales, económicos e indígenas.
Para el legislador, Nicaragua está en condiciones de tener el 51 por ciento de las acciones del canal, puesto que ofrece el territorio y el marco jurídico que genera seguridad a los eventuales inversionistas que participarán del ambicioso proyecto.
Consideró que uno de los parámetros que se deben tomar en cuenta es la demanda y afirmó que el Canal de Panamá, aún con la ampliación que lleva a cabo, no cubre más del 25 por ciento de la demanda mundial. En cambio resaltó que las cuencas hídricas de Nicaragua son muy superiores a las de Panamá.
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