Por Wendy Álvarez Hidalgo y Gisella Canales Ewest
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Vallecillo considera que el Gobierno en lugar de afectar a los trabajadores debe atacar fuertemente la informalidad, de tal modo que se grave “al que no paga y no declara y no está registrado; segundo, hacer que el que declare pague; tercero, hacer que el que declare pague bien”.
El economista considera que Arce, cuando habló sobre el IR “usó mal las palabras, probablemente se equivocó” porque sería una medida antipopulista.
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- “Nosotros los trabajadores ya pagamos impuestos, ya sea directos o indirectos. Una mayor carga de impuestos no sería lo correcto, más dado por los salarios bajos”. Luis Barbosa, dirigente de la CST-JBE.
- “Los salarios de miseria frente al alto costo de la vida y aplicar más impuestos, lo que quieren hacer es estrangular a la clase trabajadora. Ya con solo tener el techo en 75 mil nos tienen asfixiados”. Nilo Salazar, secretario general de la CGT.
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Incrédulos y confiados de que solo se trate de un “lapsus” del asesor Económico de la Presidencia, Bayardo Arce, reaccionaron los sindicatos sobre la propuesta del Gobierno de bajar el techo exento del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) entre los asalariados.
Los economistas, por su parte, creen que si el Gobierno amplía la base de contribuyentes del IR bajando el techo exento de 75,000 córdobas, la reforma será regresiva, es decir que se le quitará más a los pobres y se le aliviaría la carga a quienes más ingresos tienen. También consideran que Arce “se mal explicó”.
Pero si realmente se tratara de ampliar la base de contribuyentes del IR bajando el ingreso mínimo para pagarlo, los economistas y sindicalistas advierten que sería un golpe duro a los ingresos de los trabajadores y “estrangularía la economía” de los asalariados.
Actualmente una gran masa de trabajadores no paga IR debido a los bajos salarios que dominan el mercado laboral nicaragüense, según el estudio Hacia un sistema tributario más justo y equitativo , del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Adelmo Sandino, investigador y experto en presupuesto público del Ieepp, recuerda que en la actualidad cerca del ochenta por ciento de los asalariados se encuentra exento del pagar el IR (un total aproximado de 489,716 personas que cotizan al INSS), “lo que indica que el impuesto recae sobre los profesionales y técnicos, quienes devengan salarios superiores al promedio nacional”.
GOLPE A 150 MIL TRABAJADORES
Señala que de reducir el monto mínimo para ser exentos, digamos de 75,000 córdobas a 50,000 córdobas anuales, como estaba antes de la reforma del 2009, “significaría que unos 150,000 trabajadores se verían afectados por la medida; es decir, serían sujetos del pago del IR. “Hay que destacar que la reforma del 2009, en principio vino a significar un alivio a cientos de familias, potenciado porque en ese año el salario real tuvo una mejora (la inflación fue negativa) y la canasta básica alcanzó un costo de 8,400 córdobas”, explicó.
Recuerda que en la actualidad, el salario real ha tendido a retroceder y el costo de la canasta básica ya superó los 10,200 córdobas, según las cifras oficiales. Por lo que la medida “sería un golpe para la clase trabajadora que devengan salarios cercanos al promedio nacional y entraría en contradicción con la propuesta de sindicatos”.
Sandino recuerda que esta reforma “es una nueva oportunidad que tiene el Gobierno para aprobar una propuesta de reforma que permita gravar con una tasa progresiva sobre el IR a las personas naturales con base a su verdadera capacidad contributiva, incluyendo aquellas que devengan ingresos a partir de rentas pasivas del capital”.
RECHAZAN PROPUESTA
Representantes los sindicatos, por el contrario, apuntaron que esperarían que el Gobierno eleve el techo exento, para evitar que sectores con ingresos bajos estén paguen IR.
Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT), aseguró que actualmente es casi insostenible la carga fiscal en los salarios de los trabajadores.
“Si uno revisa en este momento a los que están en los 75,000 córdobas anuales, el pago del IR es algo pesado para la clase trabajadora ”.
Salazar señala que la mayoría de los trabajadores que están en la base del monto mínimo para el pago del IR tienen mermado su poder adquisitivo por el encarecimiento de la vida y por tanto lo más lógico sería elevarlo a 180,000 córdobas anuales y no a 120 mil como proponen los sindicatos afines al Gobierno.
En ese sentido, el dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar, Luis Barbosa, señaló que esperarán escuchar la propuesta definitiva del Gobierno, pues las declaraciones de Arce fueron un “lapsus”.
Barbosa sostiene que insistirán ante el Gobierno que se eleve el ingreso mínimo para empezar a pagar el IR “porque se deben hacer reformas progresivas y no regresivas, es decir que el que tiene más que pague más”.
Si se eleva a 120,000 córdobas el monto, entonces los trabajadores afectados serían aquellos que tienen ingresos mensuales mayores a 10,000 córdobas y no los que ganan 6,250 córdobas. Además Barbosa recordó que actualmente el salario de los trabajadores se ve presionado por los impuestos que se pagan mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
No obstante, el sindicalista afín al Gobierno cree “que todos los nicaragüenses deberíamos tener una cultura de pagar lo que nos corresponde, pero debe haber excepciones, así como las hay para los grandes empresarios”.
José Espinoza, dirigente de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), señaló que esperarían un aumento del techo exento, pues indicó que es “injusto” que en Nicaragua hasta un albañil tenga que pagar IR pues el tope mínimo de 75,000 córdobas no lo libra de pagar esta carga impositiva.
“Hay grandes consorcios, grandes empresas que acá no pagan. Queremos que suba el ‘techo’ (exento) y no que se baje, porque es una injusticia que un trabajador corriente, es decir no técnico, tenga que pagar impuesto”, sostiene.
Espinoza recordó que sería incongruente que hace menos de tres año se elevó el monto de 50,000 a 75,000 córdobas y ahora el Gobierno quiera retroceder en esa disposición aprobada por la Asamblea Nacional en la reforma fiscal de 2009.
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