Tania Sirias y Ramón Potosme
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) enviará una carta al presidente inconstitucional Daniel Ortega, para que vete parcialmente la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), específicamente en los artículos 4 y 9, ya que van en contra de los derechos ciudadanos de los nicaragüenses establecidos en la Constitución Política.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, expresó que desde 2009 se han aprobado 53 leyes en el ámbito económico, pero por primera vez en estos tres años el Gobierno y su bancada legislativa hacen uso de un “poder absoluto”, dictaminando y aprobando leyes sin agotar en forma oportuna el consenso con el sector privado.
Por lo tanto, cada una de las 19 cámaras que conforman el Cosep introducirá un recurso de amparo ante la aprobación de esta ley. Asimismo, Aguerri dijo que a título personal introducirá un recurso de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley UAF.
El sector empresarial lamentó la decisión tomada por el Gobierno, ya que por primera vez desde que existe un diálogo con la empresa privada, no se logra el consenso.
IMPACTO NEGATIVO EN LA INVERSIÓN
El presidente del Cosep afirmó que la aprobación de la UAF tendrá un impacto negativo en la decisión de invertir, pero sobre todo la preocupación que deja este tipo de señales, más ahora en un momento inoportuno cuando se discute la aprobación de los waivers de propiedad y de transparencia, en los Estados Unidos.
“Queremos una respuesta pública del presidente a esta carta que va a estar presentando esta solicitud de veto parcial, específicamente a los artículos 4 y 9”, reiteró Aguerri.
Agregó que tanto el Cosep como la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) buscarán el respaldo de las microfinancieras para que se sumen a este esfuerzo.
Aguerri indicó que los equipos legales del Cosep están trabajando para preparar recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad.
“Vamos a presentar recursos todas las organizaciones del Cosep y esperamos que se sume la sociedad civil”, dijo el representante del sector empresarial. LA PRENSA buscó la versión del presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, pero no fue posible obtenerla.
OFICIALISMO RECHAZA CRÍTICAS
Por su parte el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, miembro de la bancada oficialista, rechazó las críticas de la empresa privada y de la oposición. Según él, es mejor que no vengan inversiones a las que no les gusta la UAF, porque significa que no son empresas serias ni transparentes.
Expresó que tampoco afecta la libre empresa ni es un arma de persecución política que viole derechos humanos, puesto que quedó claramente reflejado que es parte del sistema de seguridad democrática.
Gutiérrez consideró que no se podía hacer una larga lista tan taxativa como la pretendían los opositores, sin embargo, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) sí establece que se debe indicar una lista completa y clara de los sujetos que están obligados a brindar información financiera.
El argumento de Gutiérrez es que existen tantos sujetos de mercado como investigaciones que se puedan hacer. También rechazó que la única partida de investigación de la UAF sean los Reportes de Investigaciones Sospechosas (ROS) que enviarán los sujetos obligados. Eso, según Gutiérrez, significaría que la UAF estaría sometida a la voluntad de los bancos e instituciones financieras.
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