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Los acusados fueron detenidos mediante la operación “Embrión”  de la Policía y seguirán en prisión al menos  hasta próxima audiencia. LA PRENSA/ A. ZÚNIGA

Pretendían producir droga en laboratorio

Los mexicanos Marco Araht Fernández Almeida, Raúl Legarda, y los nicaragüenses Héctor González Padilla, Henry Cisneros, Félix Cruz Burgos y Roberto Rocha Pérez, acusados de crimen organizado y producción, tenencia o tráfico ilícito de precursores (químicos) se presentarán a audiencia inicial el próximo 20 de junio en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Ciudad Sandino.

Prisión preventiva para implicados en laboratorio narco

Martha Vásquez


Los mexicanos Marco Araht Fernández Almeida, Raúl Legarda, y los nicaragüenses Héctor González Padilla, Henry Cisneros, Félix Cruz Burgos y Roberto Rocha Pérez, acusados de crimen organizado y producción, tenencia o tráfico ilícito de precursores (químicos) se presentarán a audiencia inicial el próximo 20 de junio en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Ciudad Sandino.

Junto a los señalados también está Jorge Urcuyo Rojas acusado de falsedad ideológica.

Durante la audiencia preliminar, realizada este jueves el Ministerio Público señaló a los acusados de introducir al país, de forma ilícita, químicos que serían utilizados para la elaboración de una droga sintética llamada metanfetamina, para lo cual construirían un laboratorio químico clandestino en Managua.

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  • 28,040 dólares había invertido la estructura narco para la elaboración de la droga sintética llamada metanfetamina.

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El acusado Henry Cisneros supuestamente compró materiales y herramientas para el laboratorio donde iban a procesar los 80 barriles que supuestamente contenían propilenglicol, pero en realidad era MDP2P, sustancia química indispensable para producir metanfetamina. Para esto dio a fabricar dos reactores de acero con capacidad de 500 y 1000 litros, y tres condesadores para destilación en un taller metalúrgico por un costo de 9,500 dólares.

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Según la acusación, los mexicanos eran los líderes de la estructura, mientras los nicas ejecutaban las órdenes de estos para transportar, almacenar los químicos y hacer las gestiones para conformar sociedades anónimas para la importación de materia prima y el desaduanaje en el puerto de Corinto.

El dinero para la construcción del laboratorio clandestino y la compra de químicos era enviado desde Estados Unidos por medio de empresas remesadoras y bancos del sistema financiero, a nombre de Héctor González y Henry Cisneros. Estos a su vez utilizaban los nombres de familiares y amigos, las cantidades que recibían consecutivamente eran de dos mil y tres mil dólares.

Dentro de las sociedades anónimas que conformaron se encuentra Santo Domingo Investment Group SA, creada por el notario Jorge Urcuyo, quien supuestamente utilizó la fotocopia de tres cédulas, cuyas personas nunca comparecieron ante él.

Esta sociedad fue utilizada para importar en julio del 2011, desde la República Popular de China 16,668 kilogramos, de MDP2P, sustancia química indispensable para producir metanfetamina, con un costo de 19,040 dólares, la cual fue trasladada en 80 barriles plásticos, desde puerto Corinto a una propiedad en Ciudad Sandino, en el cabezal placas CH-14168, en agosto del mismo año.

Según la Fiscalía, tanto el desaduanaje como el almacenamiento del químico se hizo a través de falsedades, ya que dijeron a las personas involucradas que se trataba de resina para pinturas.

Tal es el caso de Alvin Darce Treminio, propietario de la empresa Todo en Acero Inoxidable (Taisa), quién expresó que él prestó el servicio como lo hubiese hecho con cualquier cliente e identificó a Héctor González Padilla como la persona que hace mes y medio se presentó a solicitar la fabricación de los alambiques.

También crearon las sociedades denominadas Multiservicios Generales, Garantizados y Ligeros SA, creada en agosto del 2009; Servicios Contables, Auditora y Marketing SA, creada en el 2011.

La juez Karen López, además de admitir la acusación, ordenó la tramitación compleja de esta, lo que significa que se duplican los tiempos procesales. Además ordenó el levantamiento del sigilo bancario, financiero y tributario para todos los implicados.

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