César Úbeda Bravo
En este punto, los empresarios y banqueros argumentaron que según el Gafic, la investigación debe nacer de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) o de los Reportes de Transferencia de Efectivo (RTE). El temor es que cualquier persona podría ser requerida, lo que atenta contra los derechos individuales de los ciudadanos.
El artículo 9 de la UAF, respecto a los sujetos obligados, deja una lista mínima pero abierta, que de acuerdo con los opositores permite de manera discrecional que la UAF incluya en esta lista a cualquier persona natural o jurídica. Consideran que la UAF no puede ser una unidad para que investigue a todos los nicaragüenses, sino a los sujetos que produzcan en los reportes señal de alerta.
[/doap_box]
Para el experto constitucionalista, Oscar Castillo, la aprobación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), además de violentar preceptos constitucionales, envía una mala señal a Estados Unidos en los precisos momentos en que se analizan los waivers para el país.
“Con esto, el comandante Ortega profundiza la desconfianza, aumenta la preocupación y confirma las decisiones que Estados Unidos ha tomado sobre los waivers. De tal manera que en vez de abonar a generar confianza, más aumenta las posibilidades reales e irreversibles de que no se otorguen los waivers”, consideró Castillo.
El martes, la aplanadora del FSLN en el parlamento aprobó sin consenso la UAF, descartando las recomendaciones del Cosep, Asobanp y la Bancada Democrática Nicaragüense.
El titular del Cosep, José Adán Aguerri, anunció que enviarán una carta al presidente inconstitucional solicitándole que vete parcialmente dicha ley, particularmente los polémicos artículos 4 y 9 que consideran que violenta la Carta Magna.
“El Cosep tiene buenas relaciones de orden político y económico con el Gobierno, incluso ambos dicen tener una alianza y puntos comunes, de tal manera que el Cosep debería poner a prueba al comandante Ortega, a que demuestre y sea fiel a esa dizque existente alianza”, expresó Castillo.
UAF LESIVA A DERECHOS CONSTITUCIONALES
Según el experto constitucionalista, la aprobación de esta Ley con los artículos 4 y 9 es altamente vulnerable y lesiva a los derechos constitucionales, particularmente las referidas a las garantías individuales de los ciudadanos y a los derechos económicos, principalmente lo referido al modelo de economía de libre mercado y a la inversión extranjera.
“La Constitución Política consagra como garantías ciudadanas el derecho ‘a su vida privada y la de su familia’ (art. 26, numeral 1), a conocer del manejo y toda información que sobre su persona hagan o registren las autoridades sobre todo el derecho a ‘saber por qué y con qué finalidad tiene ese información’ (art. 26, numeral 4); solamente la autoridad judicial o fiscal podrá fijar o requerir información examen de documentos privados, libros, cuentas cuando para estas autoridades ‘sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de tribunales de justicia o por motivos fiscales’ (art. 26 penúltimo párrafo Cn.)”, explicó.
El jurista agregó que el Estado define su modelo económico bajo el principio de que “la iniciativa económica es libre” (art. 104 párrafo primero parte in fine de la Cn.). lo que implica que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de las actividades económicas y de la inversión.
“De tal manera que estos artículos de la Ley en mención violarían los derechos y garantías de los ciudadanos, por ser estas atribuciones extensamente discrecionales asignadas a la UAF, lo que nos indica que con tanta discrecionalidad esta Unidad podría cometer arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones. Pero además atentan contra el libre ejercicio de la economía, ahuyenta la inversión extranjera. Este tipo de leyes genera inseguridad jurídica a los ciudadanos y particularmente a los empresarios e inversionistas”, concluyó Castillo.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
