Francis García/Judith Flores/AGENCIAS
“El anuncio tiene motivaciones políticas que no hacen nada para avanzar el debate sino que añaden confusión e incertidumbre“, reaccionó el senador republicano y derrotado rival de Obama, John McCain. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith calificó la medida de “traición” al pueblo estadounidense porque “este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes”.
El anuncio se produjo poco antes de que la Corte Suprema emita un fallo sobre la ley migratoria vigente en el estado de Arizona desde 2010, que autoriza a la policía a pedir documentos a cualquier persona sobre cuyo estatus migratorio tengan sospechas.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la medida de Obama representa un “golpe preventivo” al fallo del máximo tribunal que pudiera ratificar fragmentos de la Ley.
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El presidente de México, Felipe Calderón, saludó a través de la red social Twitter la iniciativa de Obama: “Bienvenida decisión de Barack Obama de no deportar jóvenes indocumentados que cumplan requisitos. Justo reconocimiento a sus contribuciones”, escribió.
El canciller de Perú Rafael Roncagliolo calificó el hecho de “decisión histórica y un éxito desde el punto de vista de los derechos de los migrantes”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo “aplaudir esta iniciativa que favorece a millones de latinos en situación irregular”.
Organizaciones pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado al presidente Barack Obama por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral.
11.5 millones de indocumentados viven en Estados Unidos. En la presidencia de Obama se ha deportado una cifra récord, más de un millón, en los últimos tres años.
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L a comunidad de jóvenes inmigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos durante su niñez, recibió ayer con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, con rabia o en medio de un ambiente festivo, la decisión anunciada por el presidente Barack Obama de discrecionalmente suspender sus deportaciones y ofrecerles permisos de trabajo por dos años.
Quienes lo celebraron creen que la medida es lo suficientemente clara y detallada como para que no tengan que pelear legalmente su estadía al salir de las sombras.
Quienes están inconformes argumentan que tendrán que convencer a las autoridades, uno a uno, de que son elegibles para obtener el permiso de trabajo y permanecer en el país y que la medida favorece a algunos, pero no a todos los jóvenes pues no se trata de una orden ejecutiva, sino que queda a discreción del funcionario de inmigración si otorga el permiso de trabajo y la estadía.
Mohammad Abdollahi, dirigente de Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, una coalición de grupos de estudiantes pro-Dream Act, manifestó que “esto no es algo colectivo sino que se revisará caso por caso. Si vamos a tener que pelear cada caso, uno por uno, ¿de qué vale?”
“Preocupa que el anuncio será puesto en práctica más mezquinamente de lo que el gobierno quisiera”, señaló Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell. “Eso fue lo que vimos en junio pasado con el memo sobre (deportaciones) discrecionales del Gobierno”.
El catedrático se refería al anuncio formulado el año pasado de revisar 300,000 casos de deportaciones para garantizar que no afectaran a personas que representaran un mínimo riesgo para la seguridad pública. La Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232,000 procesos de deportación y decidió anular 20,000, de los cuales 4,000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.
El profesor explicó que la orden presidencial no establece que las autoridades migratorias detengan las deportaciones de estudiantes. Solo dice que los funcionarios de Inmigración deben de “considerar” hacerlo. Y que los permisos de trabajo tampoco se otorgarán automáticamente.
La secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano dejó claro que el beneficio será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado. Los jóvenes elegibles para acogerse a la orden presidencial deben haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber culminado la educación secundaria, o haber obtenido un certificado de educación general, y estar cursando estudios universitarios o haberse alistado en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.
UN NICA BENEFICIADO
“Me siento feliz, emocionada (…)no lo podía creer cuando escuché el anuncio del presidente (Barack Obama), siento que puedo respirar más tranquila ahora que mi hijo está protegido por la disposición del presidente”, expresó Claudia Fonseca, una nicaragüense que emigró a EE. UU. hace ocho años con su esposo, Santos Tomás Vanegas, y su hijo, Holvin, de 6 años.
Vanegas fue deportado a Nicaragua hace tres años y ella quedó a cargo de sus cuatro hijos, de los que tres nacieron en Estados Unidos. Holvin no tiene status legal, pero ahora su historia será otra. “Me preocupaba él, que cuando terminara la secundaria quedaría en el aire, pero estoy feliz porque mi hijo saldrá de la sombra y podrá estudiar y ser un hombre de bien”, aseguró Fonseca.
Julio Calderón, un hondureño sin papeles que llegó a los 16 años a Estados Unidos y vive en Miami, reaccionó con alegría. “Es como un primer paso porque falta mucho, hay muchos padres que siguen siendo deportados”, dijo. El joven pertenece al grupo Studens Working for Equal Rights que esta semana exigió al presidente desde Miami que frene las deportaciones. Calderón dijo que tiene claro que la medida es también una maniobra para captar el voto hispano.
Los requisitos de la medida coinciden en términos generales con los estipulados en el Dream Act, un proyecto de ley que fue aprobado por la cámara baja en 2010, pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado.
La medida se conoció cinco días después de que los jóvenes activistas depusieran una huelga de hambre de seis días en Denver y anunciaran planes de tomar las oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detuviera las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano en búsqueda de su reelección.
Las palabras de Obama tomaron por sorpresa a 150 jóvenes inmigrantes que, como parte de un programa de verano se habían reunido afuera de una oficina migratoria que está en remodelación, al centro de Los Ángeles. Lo que al inicio sería una protesta, luego se convirtió en celebración. El “sí se puede” se transformó en “sí se pudo”.
“Todas esas noches que dudé, ¿para qué estudio? ¿Ejerceré alguna vez mi profesión? Y ahora sé que sí”, dijo llorando la mexicana Lesly Osegueda, quien se gradúa el viernes de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles. “Ahora quiero estudiar leyes y tengan cuidado porque aquí viene una abogada documentada”.
La brasilera Aryanne Schommer hizo todos sus estudios, desde preescolar hasta la universidad en Estados Unidos, pero los últimos seis meses no ha conseguido un empleo, ni ha podido tramitar una licencia de conducir por no tener un número de seguridad social. “Siento que siempre estoy en peligro. No ves un futuro, no puedes pensar en un futuro”, dijo.
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