Ley 779, sin plata ni gloria

Sociedad civil demanda una correcta selección de funcionarios y dinero para ley

23/06/2012

Con mantas y pancartas integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se plantaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en demanda de la correcta implementación de la Ley 779. LA

Elízabeth Romero

En el país se registran unas 95 denuncias de violencia de género por día. En muchos de esos casos incluyen delitos donde los agresores atentaron contra la vida de las víctimas, contra su integridad física, psicológica y sexual, entre otros.

En un 50 por ciento de esos casos no hubo justicia porque fueron consideradas faltas leves, reseña el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, utilizando datos oficiales de la Policía Nacional sobre la violencia contra la mujer en Nicaragua.

729 femicidios han ocurrido en el país en los últimos diez años, según el Observatorio nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia. De esos, al menos 35 han ocurrido en lo que va del presente año 2012.

El fiscal general de la República, Julio Centeno, ordenó la asignación de fiscales especializados en violencia de género en cada sede departamental, para que atienda de forma directa a las víctimas de los delitos contemplados en la Ley 779. Dentro de las nuevas ordenanzas también está la asignación de dos fiscales más a la Unidad de Género, con lo que suman cinco los fiscales especializados en violencia de género en Managua, donde según la Corte Suprema de Justicia habilitará dos juzgados especializados en violencia.

MARTHA VÁSQUEZ

Esta organización demandó urgentemente una reforma al Presupuesto General de la República 2012, a fin de que se destinen recursos para la aplicación de la Ley 779, Ley integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que ayer entró en vigencia sin los recursos para aplicarse. Hasta ahora, una de las críticas que hacen las organizaciones es la falta de presupuesto para implementar la normativa.

Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), aseguró que el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega puede readecuar los fondos en las instituciones; como ejemplo preguntó “¿cuántos asesores tienen los magistrados? ¿Todos son necesarios? Realmente todas las personas que están en el Estado ¿son necesarias?”, cuestionó.

Ella propuso que el gobierno de Ortega empiece por eliminar “la propaganda sexista” en los medios oficiales, lo cual no requiere de presupuesto.

La Red de Mujeres y el Cenidh también demandaron una correcta selección de funcionarios para los Juzgados especializados de violencia, para garantizar que el personal seleccionado no tenga antecedentes de violencia contra mujeres y niños.

Igual plantearon revisar el nombramiento de jueces y magistrados de la Sala Penal de los Tribunales de Apelaciones, para que puedan implementar la ley, así como recursos suficientes a Comisarías y Fiscalía para garantizar la aplicación e implementación de las medidas precautelares e investigación de los delitos.

En las calles fueron colgadas algunas mantas como una en la Avenida Bolívar, en cuya leyenda se leía: “La ley 779 sin presupuesto, es un gallo pinto sin frijoles”.

Por la mañana, organizaciones defensoras de mujeres se plantaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en demanda de justicia; en Masaya, un grupo de mujeres llegó hasta los juzgados locales para demandar que la ley no quede en papel mojado y que realmente los judiciales la hagan cumplir.

En Granada lo hicieron funcionarias de Ixchen. Ruth Díaz Domínguez, asesora legal de ese centro, indicó que los organismos también pueden apoyar la ley con la denuncia de los casos, pues muchas mujeres llegan a estas organizaciones a buscar ayuda. Díaz destacó que en Granada hay serios problemas en el Ministerio de la Familia, donde el hombre lleva la voz cantante.

(Colaboración de Noel Amílcar Gallegos y Lucía Vargas).

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