Elízabeth Romero
El especialista en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, advirtió ayer que sería una catástrofe para los trabajadores del país si el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega aplica las reformas a la seguridad social, según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Necesitamos una reforma integral que aborde la rama de enfermedad y maternidad, seguro de invalidez, de muerte, de riesgos profesionales”, sostuvo el experto.
Ejemplificó que en 2011 hubo 30 mil accidentes de trabajo y más de 65 personas murieron. Ese total de accidentados requirió de subsidio, lo que representó horas hombres sin trabajar. “Y eso está golpeando duramente la economía del país, tenemos que buscar medidas preventivas para disminuir la accidentalidad”, dijo.
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El también catedrático universitario indicó que la sociedad debe estar consciente de la necesidad de una ley, pero debe ser adecuada a la realidad del país, pues considera que Nicaragua no está preparada para aplicar esas 11 propuestas de la reforma.
A su criterio no se debe trasladar la experiencia europea a Nicaragua. Por ejemplo, mencionó que el hecho de pasar la edad de jubilación de 60 a 65 años está bien para Europa, pero no en Nicaragua, donde las condiciones alimentarias no responden a esa exigencia.
Ruiz consideró que la mayoría de los sectores laborales resultarían golpeados: los trabajadores independientes, vigilantes, los del campo, así como los estibadores, pues en un país “donde no hay mucha estabilidad laboral es difícil que cumplan la otra propuesta de pasar de 750 semanas cotizadas a 1,560 semanas”.
Ruiz prefirió no hablar sobre posibles alternativas, pero adelantó que el jueves pasado la dirigencia sindical del país sostuvo una reunión para analizar posibles alternativas y elaboraron una contrapropuesta que el 30 de julio será presentada oficialmente. “Debemos construir una ley para resolver los problemas del presente, pero también ver el futuro y tendría que ser una reforma gradual y progresiva, no pueden a la juventud, y a las personas que tienen 40, 45 años cambiarle las reglas del juego”, dijo Ruiz. Señaló que el proyecto de ley debe sujetarse a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que sostiene que las leyes no tienen efecto de retroactividad.
EN DESVENTAJA
El especialista abordó el caso de las víctimas de guerra y los discapacitados en general por otra causa, a quienes se les ha dificultado el acceso al empleo, y que muchos de estos tienen 25 a 30 años y no han cotizado casi nada a la seguridad social.
Por tanto se les haría materialmente imposible llegar a completar los 30 años de cotización como está propuesto, pues se estarían jubilando a los 70 años.
Por tanto, a criterio de Ruiz, estos están en desventaja con relación a los trabajadores que no tienen discapacidades.
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