
Martha Vásquez
I ENTREGA
Indignados y burlados se sienten la mayoría de fiscales del Ministerio Público con el reciente reajuste salarial que les hiciera el titular de esta entidad Julio Centeno Gómez, fiscal general de la República de Nicaragua, ya que osciló entre el 2 y 40 por ciento para algunos, mientras él y demás personal administrativo devengan salarios de más de 100 mil córdoba al mes, según planilla del mes de mayo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Delia Rosales, secretaria ejecutiva de dicha institución, negó que existieran salarios tan altos en la Fiscalía. También negó que la masa salarial asignada a la institución se centrara en la parte administrativa y no en la sustantiva, aunque la planilla del INSS, del mes de mayo, muestra todo lo contrario.
“Ya quisiera el Ministerio Público tener esos salarios. Creo que hay que tener mucha seriedad para hacer planteamientos infundados, creo que en todo caso a quien le corresponde, por función y responsabilidad será al fiscal general”, expresó Rosales.
Sobre los salarios reflejados en la tabla salarial del INSS, Rosales explicó, junto a la administradora Jeannette Membreño, que obedece a “un tecnicismo financiero” ya que los datos que salen ahí son los que se reportaron el 31 de marzo, que incluyen el reajuste salarial, más el retroactivo de tres meses, “pero el INSS siempre reporta atrasado”.
Con el Presupuesto asignado con Recursos del Tesoro se logró apoyar al área sustantiva para la atención de más de 50,539 denuncias a nivel nacional. Se mantuvo en funcionamiento las dos sedes regionales, 15 departamentales y 48 municipales, según detalló el fiscal Julio Centeno Gómez en el informe anual del 2011 presentado ante la Asamblea Nacional en días pasados.
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que más me preocupa a mí es la transparencia, para
ser ejemplo a mis fiscales”.
Julio Centeno, fiscal general de la República.
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“Lo que reportamos es el incremento que se le dio a todo el personal, retroactivo de enero, febrero y marzo, y cada incremento con su respectiva antigüedad y el salario ya incrementado del mes de marzo con su respectiva antigüedad. Es una sumatoria. Ese dato coincide con lo declarado en la Dirección General del Ingresos, para ese mes, o sea son datos de dos instituciones que se pueden corroborar perfectamente”, explicó Membreño.
DIFERENCIA ABISMAL
Rosales agregó que “la determinación de un salario no obedece a la persona, obedece a la ley, rango, requisitos del funcionario, a la responsabilidad, es decir, a otros aspectos que no están plasmados en estos numeritos”.
Explicó que Centeno recibe 86,714 córdobas al mes, porque le deducen 37,386 córdobas de pago de INSS y otras retenciones. Mientras ella y el inspector general Armando Juárez reciben 75,240 córdobas como salario básico y que cada salario varía por la antigüedad.
La disparidad salarial dentro de la institución es considerada como “injusta e insostenible”, ya que la brecha entre el pago del personal administrativo que supera los 70 mil córdobas de básico y el de fiscales que oscila entre 14,000 y 18,000 córdobas, es “abismal”, siendo estos últimos los que representan a la víctima en el terreno.
“De la mística no vivimos señor fiscal. Cumplimos con nuestro trabajo bajo serias limitaciones, que usted mismo reconoce y por lo menos queremos que se nos remunere de forma digna y equitativa”, expresó uno de los denunciantes que prefirió omitir su nombre.
Los denunciantes que por temor a represalias prefirieron no publicar sus nombres, expresaron que el reajuste salarial fue diferenciado, porque supuestamente se favoreció a personal allegado a la Administración actual.
Rosales explicó al respecto que el reciente reajuste salarial se aplicó nivelando a los que ganan menos “para que no hubiera salarios tan dispares cuando realizan la misma función”. La medida significó aumentos mínimos para algunos y ocasionó inconformidad, pero “fue una medida de justicia social”. La funcionaria también expresó que hubo una reunión con todos los fiscales donde se informó como serían los ajustes salariales.
“Se les explicó a todos, para que estuvieran claros del porqué el fiscal general estaba aplicando la nivelación salarial, en vez de darle un poquito a cada quien; se enfocó en los funcionarios que tenían un salario muy por debajo del resto de sus compañeros”, recalcó la ejecutiva.
Según Rosales, había fiscales que ganaban 11 mil, 12 mil y 13 mil córdoba y se les niveló a 15,500, como los de Managua. “Había una gran variedad de sueldos. Es gente (los denunciantes) que no tiene conciencia social, yo también quisiera ganar más, pero si le podemos aumentar a alguien que está ganando muchísimo menos que yo, y hace el mismo trabajo, creo que hay que tener conciencia con el compañero”. Recalcó que Centeno se ha enfocado en buscar más presupuesto, pero que las peticiones no han sido escuchadas en su totalidad.
QUIEREN VER AUMENTO
De acuerdo con los denunciantes, ellos no se oponen a que se les reajuste el salario a sus colegas que trabajan en los municipios, donde recorren grandes distancias para cubrir hasta cuatro juzgados o que viajan en pangas, exponiendo sus vidas para ir a convalidar actos investigativos de la Policía y el Ejército, sino a que algunos trabajadores administrativos tengan “megasalarios” porque “gozan de pleitesías” de parte de las altas autoridades de la Fiscalía. “De nada nos sirve que siga pidiendo más presupuesto al Estado, si al final lo va a concentrar en pocas personas y la brecha salarial entre unos y otros seguirá aumentando. Queremos ver el aumento de presupuesto reflejado en nuestro salario y mejores condiciones laborales”, expresaron los denunciantes.
Rosales agregó que es lamentable que haya personal interno que esté enviando información falsa con el ánimo de desacreditar a la institución, que en 11 años ha tenido una transparencia reconocida por la Contraloría General de la República.
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