La prisa, que la bancada oficialista en el parlamento esta imprimiéndole a la aprobación de la ley sobre el canal interoceánico, se debe, a mi juicio, a la certeza que tenía Ortega de que el waiver de transparencia no le sería otorgado a como efectivamente sucedió. Los motivos para esta decisión por parte del gobierno norteamericano ya han sido expuestos hasta la saciedad por políticos, politólogos, sociedad civil y empresa privada. La opinión general es que es imposible para gobierno alguno calificar de transparente a la administración más corrupta que ha tenido nuestra historia. Este convencimiento ha hecho que a los genios del Carmen se les ocurriera vendernos el canal interoceánico, para distraernos de las consecuencias negativas de su corrupción.
El circo mediático desplegado alrededor de la construcción del canal ha sido de tal magnitud, que se atrevieron a enviar a su canciller a ofertarlo por la nada modesta suma de 30 mil millones de dólares, cantidad que está muy por debajo de los costos reales, como ejemplo pongo todos los estimados que se han hecho alrededor de las megaconstrucciones realizadas alrededor del mundo hasta hoy. El que por cortesía diplomática algunos países hayan expresado tener interés en conocer más del mismo, de ninguna manera quiere decir que lo hayan tomado en serio. Basta decir que el portafolio del canciller de Ortega iba desprovisto de los requisitos técnicos mínimos requeridos para que dicho proyecto sea tomado con seriedad. Hace mucho tiempo un amigo me dijo, el día que la política y la ambición se juntaron, la vergüenza salió corriendo. Eso es precisamente lo que ya comenzamos a ver con el desfile de funcionarios tratando de convencernos de la viabilidad de un proyecto calificado como faraónico por la revista Times , el comentario del articulista fue “el megaproyecto más grande del siglo ofertado por el país más pobre de América, en medio de la recesión económica más grande que afecta a la humanidad’.
Lo trágico de esta comedia, es que detrás del circo se esconde la decisión de Ortega de no enmendar los errores cometidos, es decir que seguirá el despilfarro, la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y el desprecio por los derechos humanos y políticos de nuestro pueblo. En buen nicaragüense esto quiere decir que las “elecciones” volverán a ser supervisadas por los mismos árbitros corruptos de ayer, que los magistrados de los diferentes poderes del Estado continuarán ejerciendo de facto y que la voluntad de Ortega seguirá imponiéndose. Llevándonos una vez más como en la década de los ochenta, a otro descalabro social y económico.
Si hay algo que tienen en común los dictadores que gobiernan de forma totalitaria, es la soberbia, la prepotencia, la avaricia y la corrupción desmedida. Las especulaciones por el momento están a la orden del día, entre quienes afirman que Ortega gobernará como mínimo los próximos cincuenta años y los que creemos que si Chávez pierde las elecciones o se muere, y si no nos aprueban el waiver de propiedad en esta ocasión, su gobierno será más efímero que el anterior.
Solo me resta decirles a los ingenuos que se están anotando en las listas que andan levantando los CPC para laborar en la construcción del canal, que no sean bobos, que eso es un cuento chino electoral.
El autor es abogado y miembro del Movimiento Liberal Constitucionalista Ramiro Sacasa Guerrero.
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