Wendy Álvarez Hidalgo
“No se puede crear una ley retroactiva en perjuicio de los demás. Si se hacen leyes en la cual se estén trastocando los derechos (de los ciudadanos) que ya están establecidos ahí se está en un punto bien álgido que debe analizarse antes de que se ponga en marcha una ley”, sostiene la subdirectora la Comisión Nacional Bancaria de México, Beatriz Valadez, al ser consultada sobre la polémica que existe por algunos vacíos en la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La funcionaria mexicana, quien aclaró que abordaba la temática sobre la UAF a título personal, señaló que cualquier tipo de unidades de análisis financieras debe tener bien definidas sus funciones para evitar afectaciones “injustificadas” contra cualquier ciudadano.
Esto pasa, añade, por dejar bien claro en la ley que no se puede solicitar ninguna investigación contra un sujeto sin antes contar con un análisis minucioso y bien sustentado sobre operaciones sospechosas, “para que no se sacrifique a inocentes”.
La empresa privada nicaragüense presiona en estos momentos para que el Ejecutivo vete parcialmente la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero que aprobó la Asamblea Nacional sin ser consensuada con todos los sectores financieros del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha denunciado públicamente que la ley en cuestión “no define en forma taxativa quiénes son los sujetos obligados a informar directamente, y se limita a establecer simplemente una lista que tiene un carácter meramente enunciativo”. Esto, según la cúpula empresarial, vulnera los derechos a la privacidad de los ciudadanos consignados en el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua.
Los empresarios reclaman el porqué la UAF tiene facultad para solicitar y recibir directamente de cualquier persona natural o jurídica información financiera jurídica o contable sin que exista un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).

“No puede ser que así, de pronto alguien se diga este es sospechoso y vente que te voy a investigar, primero se debe analizar el caso y se debe establecer los límites”, afirma la experta mexicana quien por dos días impartió en el país un seminario sobre Riesgo Operativo en el sector financiero, organizado por el Instituto Panamericano de Capacitación (IPAC).
La también catedrática de la Unidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfatiza que el tema del sigilo bancario debe quedar bien explicado sin ningún vacío en cualquier ley parecida a la de la UAF, porque recuerda que el secreto bancario es un derecho adquirido de cualquier usuario del Sistema Financiero.
Valadez apunta que la ley debe establecer claramente cuáles son sus objetivos, “quiénes van a participar, por qué va a participar, qué tipo de especialista se necesitan, es decir se necesitan más analistas financieros o abogados, porque ya sería el último estadio de mi gestión”.
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