Las acciones gubernamentales y las reacciones políticas del presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, son fácilmente previsibles. De manera que siendo como es un caudillo autoritario, no se podía esperar de él una reacción distinta a la que expresó el sábado pasado —de amenazas a la sociedad civil y contra la AID de Estados Unidos— ante la confirmación del gobierno estadounidense de que este año no otorgará el waiver o dispensa por transparencia fiscal, lo cual significa la pérdida de unos tres millones de dólares en cooperación bilateral.
Daniel Ortega no puede reaccionar de otra manera porque él no es un demócrata, a pesar de que como los demás dictadores latinoamericanos del siglo XXI utilizó el mecanismo democrático de las elecciones para tomar el poder. Y por eso mismo no se siente obligado a gobernar, actuar ni hablar democráticamente.
Además, es evidente que a Daniel Ortega no le importa que se pierda la ayuda directa de Estados Unidos, porque no es mucha y va dirigida a proyectos específicos. Si no le importó que por el fraude en las elecciones municipales de 2008 se perdieran 64 millones de dólares de la Cuenta Reto del Milenio, y que por eso no se pudiera construir la carretera Nejapa-Izapa ni continuar otros proyectos de mucho interés nacional, mucho menos que le importe que se pierdan ahora tres millones de dólares que ni siquiera iban a engrosar las arcas del Gobierno central.
Lo que sí debe interesar a Ortega, aunque no lo parezca por sus insultos a Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses de origen nicaragüense que tienen reclamos por conflictos de propiedad, es precisamente el waiver o dispensa por solución de esos problemas. Como es bien sabido, si el waiver de propiedad no es concedido por Estados Unidos, sus representantes en los organismos financieros multilaterales tendrían que vetar u objetar los créditos a Nicaragua, lo cual significaría perder centenares de millones de dólares para proyectos estratégicos y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Esto tiene que ser de mayor interés para Daniel Ortega, a pesar de su declarada fobia al capitalismo internacional y a los organismos financieros multilaterales, porque los recursos que estos dejen de conceder a Nicaragua no los podrían sustituir los aliados ideológicos del orteguismo. En todo caso Ortega tendría que echar mano a sus propios recursos para atender al menos en parte los graves problemas financieros que sobrevendrían; y en consecuencia ya no podría utilizar los réditos de la cooperación petrolera venezolana para financiar sus programas populistas, ni para seguir incrementando como hasta ahora su capital personal y familiar.
Seguramente por eso es que agentes oficiales y solapados del orteguismo hablan con tanta insistencia de que la suspensión del waiver de transparencia ha sido suficiente castigo al régimen de Daniel Ortega y que con la suspensión del waiver de la propiedad se castigaría más al pueblo de Nicaragua que al mismo régimen orteguista.
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