ASUNCIÓN/EFE
El expresidente paraguayo Fernando Lugo presentó un nuevo recurso de inconstitucionalidad para buscar la declaración de nulidad del «juicio político» que llevó a su destitución, informó hoy uno de sus abogados.
«Es una acción que ataca de inconstitucional la resolución del Senado por la cual se destituyó al presidente de la República», dijo a Efe Adolfo Ferreiro, uno de los abogados del exobispo.
Aseveró que en el juicio a Lugo se produjo una «grave violación de las garantías constitucionales» y que careció de «reglas del debido proceso y de la defensa».
La nueva acción fue planteada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que hoy mismo tiene previsto reunirse para analizar el asunto, según anunció el presidente del alto tribunal, Víctor úñez, en declaraciones a la radio Primero de Marzo.
Remarcó que tratarán de expedirse en la brevedad, dada la relevancia del asunto. «Lo que estamos atacando son deficiencias formales del proceso», insistió Ferreiro, quien presentó el recurso con los demás abogados de Lugo este miércoles.
La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de junio pasado el primer recurso de Lugo, presentado contra el reglamento del Legislativo que fijó los horarios de las sesiones del «juicio político», concluido en un solo día.
A través de ese proceso, el exprelado fue separado del cargo el 22 de junio último al ser declarado culpable de «mal desempeño» en sus funciones y pocas horas después fue sustituido por su entonces vicepresidente, Federico Franco.
Lugo argumentó entonces que no se le dio el tiempo para articular su defensa, mientras que la nueva «acción de inconstitucionalidad» va en contra del veredicto mismo del Legislativo.
En cuanto a las posibilidades de obtener una respuesta judicial favorable, Ferreiro aseveró: «no esperamos mucho porque esta Corte está amenazada por el Senado de que si no se resuelve lo que al Congreso le gusta les van a juzgar también políticamente, así como se le juzgó al presidente y los van a destituir».
Recordó que esa instancia judicial tiene treinta días hábiles para expedirse sobre el asunto y ratificó que «una vez que se agoten las instancias internas locales» podrían recurrir a organismos internacionales. «El presidente (Lugo) podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional (…). Vamos a seguir actuando como abogados del presidente en la medida en que él disponga que así sea», añadió. EFE
