Ramón García Gibson (*)
La mayoría de los países del orbe viven bajo el constante escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a fin de conocer el nivel de cumplimiento con las recomendaciones emitidas por dicho organismo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Durante los pasados 18 y 22 de junio, luego de la reunión de los grupos de trabajo y de su tercera reunión plenaria, se hizo pública la resolución del GAFI de incluir en su lista negra a Ecuador, Vietnam y Yemen. ¿Pero qué significa el estar en la lista negra del GAFI? No es cosa.
El estar incluido en este nada envidiable y poco selecto grupo implica, entre otros factores, el que el sector financiero de dichos países tenga serias restricciones para operar con sus similares a nivel internacional, así como el que los flujos de dinero hacia dichos países por parte de organismos financieros internacionales se vean severamente afectados.
En pocas palabras, pasan a ser el patito feo en la lucha contra el PLD/FT y eso, sobre todo en estos tiempos en que se ha disparado la delincuencia a nivel mundial, sí que es grave. ¿Que sucedió con Ecuador? El GAFISUD —organización intergubernamental de base regional creada a semejanza del GAFI que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo— en su reporte de evaluación de diciembre de 2011 detectó algunos incumplimientos a sus recomendaciones para la PLD/FT, mismas que desde mi punto de vista no considero pudieran resultar exclusivas de ese país, sino más bien son un termómetro de cómo pudiera andar la región latinoamericana en su lucha para atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, así que es el momento propicio para que muchos otros países enciendan sus radares con lo sucedido a Ecuador.
¿Qué le detectaron a Ecuador y seguro muchos países hermanos están en las mismas condiciones?, entre otros supuestos los siguientes: En relación al crimen de falsificación y piratería de productos, su Código Penal establece sanciones tan solo para la falsificación de bebidas o comestibles; dificultades en el rastreo, ubicación y determinación del real propietario de los bienes; hace falta regular y controlar el sector financiero informal, especialmente los operadores de cambios en frontera y remesadoras de fondos no registradas; no se instruyen políticas y medidas tendientes a impedir la utilización indebida de desarrollos tecnológicos para lavar dinero o financiar el terrorismo, en especial el dinero electrónico.
Fuera del sector financiero con excepción de los casinos (mismos que no han sido supervisados) y notarios, otro tipo de actividades no forman parte del sistema de PLD/FT; no existe protección legal para las entidades, directores ni funcionarios que reporten operaciones sospechosas de buena fe, lo que desincentiva el reporte y transgrede la recomendación internacional, y los sectores identificados como vulnerables por el propio país aún no han sido incorporados al sistema de prevención, por cuanto no son sujetos obligados registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Hasta aquí dejamos algunos de los incumplimientos detectados a Ecuador, mismas que lo colocaron en la lista negra de ese organismo, y que al haber sido aquí conocidas por autoridades y miembros del sector financiero de otros países deberán tener muy presente el viejo proverbio español que dice: “Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar”. ¿Estarán las naciones de nuestra región en ese proceso?
(*) Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta columna es publicada los lunes en El Financiero de México. [email protected]
