Alcances del paquetazo fiscal

De primera mano tiene aceptación, pues el Gobierno respondió a la demanda permanente de los sectores de impulsar un cambio integral al Sistema de Tributación, ya que el actual tiene muchas deformaciones.

No toca otros ámbitos de la tributación como la transformación de la legislización municipal donde se revise el impuesto municipal sobre ingresos. La reforma no puede limitarse solo a la DGI y DGA”. Julio Francisco Báez, experto tributario.

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Lucía Navas

De primera mano tiene aceptación, pues el Gobierno respondió a la demanda permanente de los sectores de impulsar un cambio integral al Sistema de Tributación, ya que el actual tiene muchas deformaciones.

Pero al analizarla fríamente, especialistas encuentran que la Propuesta de Concertación Tributaria en general “aparenta ser una buena política”, pero aún carente de todas las acciones puntuales para alcanzar los objetivos de ordenar los incentivos fiscales, reducir la informalidad para incrementar la recaudación y combatir la evasión fiscal, así como reducir las cargas impositiva para favorecer la competitividad de los agentes económicos.

El experto en temas fiscales Julio Francisco Báez y el exviceministro de Finanzas, René Vallecillo, esperan que una vez esté “en lleno” la negociación de la reforma, la política esté armonizada con el documento de iniciativa de Ley de Concertación Tributaria de 2009, que según Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, es de donde sacarán los cambios.

ESTIMACIÓN DE RECAUDO

La propuesta no estima nivel de recaudación adicional que habría una vez aplicada la reforma. Pero Vallecillo recuerda que normalmente con este tipo de modificaciones los gobiernos buscan recaudar mínimo un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).

Báez por su parte dice que “si se trata de buscar calidad de los ingresos, no puede evadirse incluir la calidad del gasto presupuestario, es decir el resultado de la inversión de la recaudación”.

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La propuesta indica que una vez aprobada la Ley de Concertación Tributaria, sea el único ordenamiento fiscal en el país y para ello se unificarán las 285 leyes que dan incentivos especiales fuera de la actual Ley de Equidad Fiscal.

Para eso Bayardo Arce, asesor presidencial, dice que es necesario que en la Asamblea Nacional “se acabe la fiesta de meterle a todo un elemento fiscal (incentivo)”, a través de las leyes particulares que aprueba.

Pretenden fortalecer a la Dirección General de Ingresos (DGI) y a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en la fiscalización de recaudación modernizando los sistemas técnicos.

Para tener más personal para atacar la evasión de impuestos, pero sin aumentar el presupuesto, se quiere reforzar con estudiantes del último año de la carrera de Economía para que hagan sus pasantías en la DGI y DGA.

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Se revisará el régimen de cuota fija para sacar a comerciantes que deben pagar impuestos. Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua (ACMNIC), no se opone y le agrada que suba de 480 mil a un millón de córdobas el monto de las ventas anuales para cuota fija. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, no respalda ese aumento y espera que aunque el Gobierno pague un costo político, ordene el sistema impositivo en el mercado Oriental.

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Sobre el reclamo del sector privado sobre el plazo de dos meses para lograr el consenso, Báez dice que no hay “camisa de fuerza”, pues el Gobierno bien puede actualizar el proyecto de Presupuesto de 2013 antes que lo apruebe la Asamblea Nacional el 15 de diciembre.

Incompleta o no, desde el lunes pasado que el Gabinete Económico hizo oficial la propuesta de reforma tributaria, los sindicatos, empresarios y economistas independientes empezaron a analizar su viabilidad y trabajan sus propios estudios técnicos de contrapropuesta.

¿INCOHERENCIAS?

Algo positivo de la propuesta es equiparar la tributación nacional con la de Centroamérica, para mejorar la competitividad de los agentes económicos nacionales. Pero llama la atención que se quiere aplicar a la importación de yates y aeronaves “para fomentar las inversiones turísticas”.

Bayardo Arce admitió que el cambio es contradictorio pues en la reforma de 2009 se eliminaron las exoneraciones a los artículos suntuarios, incluidos yates y aeronaves particulares. El problema es que no se recaudó “ni un peso” por haber gravado con impuestos estos artículos, afirmó.

“¿Saben por qué? Porque en Nicaragua no hay un solo avión ni un solo yate por la carga tributaria y por eso todos se registran en El Salvador, Costa Rica y Guatemala”, agregó Arce.

Esto debe corregirse —asegura el funcionario— con el fin de “desarrollar el turismo”. “No lo vamos a desarrollar solo con turismo de mochileros, bienvenidos estos, pero bienvenidos también los clientes de la isla de Guacalito, que esperamos vengan a dejar un montón de plata en un resort de primer mundo”, justifica Arce.

Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), no entiende esta medida, pues aclara que ya la Ley de Incentivos Turísticos en vigencia otorga beneficios a inversiones del alcance que quiere el Gobierno.

Lo que “aplaude” Torres es que se extiendan los incentivos fiscales a las empresas que reinviertan en tecnología y generen empleos para ampliar operaciones, porque estimulará las inversiones nacionales.

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COBRAR A NO RESIDENTES

Se pretende cobrar impuestos a las rentas de inversiones de ciudadanos no residentes “eliminando el arbitraje por servicios y transferencias de rentas al exterior, como consultorías, regalías, comunicaciones, etc”.

La explicación de Arce es que buena parte de lo que el país pierde en recaudaciones con los inversores no residentes es porque viviendo en el país “crean una empresa afuera que vende (en Nicaragua) servicios, presta dinero, pero no les podemos cobrar impuestos”. “Es más fácil ir a firmar convenios con estos países para que si pagan impuesto aquí, se lo puedan deducir allá y viceversa, de tal manera que eso nos permita mejorar la recaudación”, dice.

ZONA FRANCA TRANQUILA

Uno de los puntos centrales de la propuesta de reforma tributaria es ordenar las exoneraciones para fijar plazos de vigencia a cada una y darlas solo a los agentes económicos que demuestren contribuir con el crecimiento económico del país.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, pide tener cuidado con esto, pues se puede dañar un sector “sensible” como es la zona franca, que genera actualmente más de 100,000 empleos.

Sin embargo, Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), está tranquilo pues lo planteado por el Gobierno “no vemos indicios de incluir a zona franca en el paquete tributario”.

García dice que el Gobierno está claro que a zona franca lo rige su propio régimen aduanero “que no es especial en Nicaragua”, y que establece el tiempo de las exoneraciones sujetas a requisitos internacionales, a las cuales el país se ajusta con acuerdos ratificados por la Asamblea.

García explica que la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece que todo país con un PIB per cápita superior a mil dólares (con valor de 1990), tiene derecho a exonerar a las zonas francas. “Nosotros no hemos llegado todavía a ese ingreso”, afirma.