Las fotografías que fueron publicadas por LA PRENSA en los últimos días, en las cuales aparece la señora Luvy Rappaccioli siendo reprimida físicamente por la fuerza policial cuando intentaba impedir que la desalojaran de una propiedad que le pretenden confiscar por segunda vez, son como un dramático testimonio de la inseguridad del derecho de propiedad que impera bajo el régimen de Daniel Ortega.
Esa propiedad de la familia Rappaccioli fue confiscada en 1981 por el régimen sandinista, se la devolvieron a sus dueños en los años noventa, durante el gobierno democrático de doña Violeta y en 2002 la Corte Suprema de Justicia confirmó mediante debida sentencia la justa devolución a sus verdaderos dueños.
La familia Rappaccioli adquirió esa propiedad de manera legal y legítima, no como producto de piñatas gubernamentales, botines políticos ni arrebatos de ninguna clase. Y tampoco fue un premio o botín por participación o servicios revolucionarios ni contrarrevolucionarios. Esa propiedad es un patrimonio formado a lo largo de muchísimo tiempo y con gran esfuerzo, a base del trabajo honrado de una familia que goza de respeto y aprecio en el departamento de Carazo y en todo el país. De manera que la propiedad de la familia Rappaccioli no tenía por qué ser confiscada en los años ochenta, ni tiene por qué ser cercenada y nuevamente confiscada ahora, ya fuese para provecho del Estado o de alguien en particular, por muy sandinista histórico u orteguista que sea.
El régimen de Daniel Ortega se ha estado preocupando, evidentemente, por resolver o aparentar que resuelve los problemas de propiedad de ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados por la revolución o la piñata sandinista, para que Estados Unidos le conceda el waiver o dispensa anual que le permite acceder a créditos concesionales de los organismos financieros internacionales. Pero también los nicaragüenses que no son ciudadanos estadounidenses, así como los extranjeros de otras nacionalidades, tienen derecho a que les devuelvan sus propiedades o que los indemnicen, y a que no se les siga confiscando ni expropiando arbitrariamente como ha ocurrido recientemente en los casos de Punta Teonoste, grupo Panica, familia Martínez y muchos otros más.
Una de las manifestaciones más evidentes, perjudiciales y lamentables de la erosión y el retroceso de la democracia en Nicaragua bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega, es el atropello flagrante e impune al derecho de propiedad privada. Por eso Nicaragua ocupa el lugar 123 entre los 130 países que fueron incluidos en el último Índice Internacional de Derecho de Propiedad, del organismo estadounidense no gubernamental Americans Tax Reform. Pero por supuesto que la agresión del orteguismo no es contra la propiedad privada en general. Se trata más bien de un ataque contra la propiedad de los demás, pues los líderes del orteguismo son personas que se hicieron grandes propietarios mediante las confiscaciones de los ochenta, la piñata de los noventa y el ejercicio discrecional y abusivo del poder en la actualidad.
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