Megaministerio con gran ambición

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Lucía Navas

Con un gran mensaje partidario sandinista, con mucha retórica de sus políticas, pero carente de acciones específicas de cómo cumplirlas. Así se resume el cuerpo legal del nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, sobre el cual recaerá la atención a sectores claves para el desarrollo productivo, y por ende, del empuje de crecimiento que necesita Nicaragua.

La nueva institución nació oficialmente el pasado 6 e julio, mediante la reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, y absorberá a tres institutos estatales encargados hasta ahora de atender y promover a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo rural y el cooperativismo.

Como si no fuera suficiente responsabilidad también asume al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), de gran sensibilidad por tener entre sus ejes la atención de las familias que afectadas por catástrofes naturales empeoran su situación de hambre y desnutrición.

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Inpyme) y el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (Infoccop) desaparecen y sus programas y funciones son absorbidos por el nuevo ministerio. En tanto que el PSAN y el programa de Fomento Empresarial les son quitados al Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) y al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), respectivamente, y se trasladan a la nueva cartera.

GRANDES TAREAS

¿Será más efectivo el Ministerio de Economía Familiar que de manera separada el IDR, el Magfor y el Inpyme? Conimipyme y la UNAG creen que sí. Gilberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), dice que la ventaja “es que se tiene un enfoque más determinado para el desarrollo de las mipymes y bajo esa premisa podrán haber políticas públicas más claras y específicas de desarrollo del sector”.

Otro aspecto interesante para Alcócer es que se irá vinculando los procesos productivos y tecnológicos entre las pymes y los productores agropecuarios urbanos y los rurales para que alcancen el mismo nivel de calidad.

“Se acaba de firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Centroamérica y la mayor parte de los productos nuestros que se transforman en la pequeña industria son producidos en el sector agropecuario, y por eso necesitamos articular procesos que enfoquen a la calidad de la materia prima para que haya en la transformación del producto y así competir en el mercado europeo”, afirma Alcócer.

Conseguir ese resultado, agrega, depende de que el Ministerio de Economía Familiar realmente articule a los diferentes actores involucrados del sector, algo que asegura no se logró con Inpyme.

Si se determina el corazón del nuevo ministerio estatal, está en el IDR y especialmente en el Proyecto de Apoyo a la Inserción de Cadenas de Valor (Procaval), el cual a su vez agrupa a emblemáticos como el Programa de Desarrollo del Sector Rural (Prorural).

Procaval está diseñado para intervenir durante siete años en 27 municipios en Jinotega, Matagalpa y Boaco. Su propósito es que familias pobres mejoren su seguridad alimentaria, oportunidades de empleo, generen y diversifiquen sus ingresos, a través de su inserción en cadenas de valor y mercado.

Álvaro Fiallos, presidente de Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), no teme que a la ahora de definir los mecanismos de acción de la nueva cartera se eliminen los programas que ejecutan las entidades que absorbe.

Lo que espera Fiallos es que al estar ya definidas las políticas agropecuarias “sobre la base de la seguridad alimentaria, ahora lo que falta es definir las líneas estratégicas para que las políticas funcionen”.

Fiallos también tiene grandes expectativas con el Ministerio de Economía Familiar, porque “supone que facilitará la gestión”. Aunque dice que “todo dependerá de los procedimientos que se pongan y la eficiencia que se tenga”.

UNA RESPUESTA MAL DISEÑADA

¿Por qué se crea este ministerio? La justificación en el texto es que se busca la “oportunidad de articular los esfuerzos”, “transformar el modelo actual de atención” a la pequeña producción y el cooperativismo, “en un modelo basado en la familia y la comunidad que fomenta la participación de todas las familias rurales y urbanas”. El logro de todo esto supone “el aumento de su producción, valor agregado e ingreso familiar”.

El 25 de febrero de 2012, el presidente inconstitucional Daniel Ortega en la conmemoración del 34 aniversario de la insurrección de Monimbó, en Masaya, anunció la creación del nuevo ministerio. “Apoyará a quienes no tienen tierras ni títulos, y para que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso a créditos justos y acompañamiento tecnológicos”, prometió.

Esa retórica no convence al diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BND), Enrique Sáenz, ya que afirma que “es una respuesta incorrecta con una inspiración mágica a un problema correctamente identificado”.

Sáenz sostiene que “implícitamente” con el nuevo ministerio el Gobierno busca resolver “la tragedia del mercado laboral” existente en Nicaragua.

“Quieren dar una respuesta burocrática a problemas que son resultados de malas políticas públicas. Si no reformas las políticas, podés inventar los instrumentos que querrás, pero los resultados no van a cambiar”, insiste Sáenz.

El legislador basa su crítica en los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), que indican que el sector formal en 2009 era el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), pero en el 2011 se redujo a 22 por ciento.

“Y el promedio de horas trabajadas de toda la fuerza laboral se redujo de 48 a 41 horas semanales. El sector cooperativo, que ya era mínimo, casi desaparece, ya que pasa a ser 0.2 por ciento el año pasado”, especifica Sáenz.

Encuentra el reconocimiento implícito de este grave problema en la misma reforma de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, donde nace el Ministerio de Economía Familiar. En el cuarto párrafo refiere al 70 por ciento de la población trabaja en la micro, pequeña y mediana producción, el 34 por ciento trabaja por cuenta propia y el 14 por ciento realiza trabajo familiar no remunerado. “Representando la mitad de la población”, dice el texto.

“Como te apabullan (el Gobierno) con su propaganda del control de los medios y desde la oposición no se ha tenido la capacidad de desnudar ese fracaso de la política social, queda como verdad algo que no es verdad, pero que las mismas cifras oficiales demuestran que las políticas del orteguismo no funcionan”, sostiene Sáenz.

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