Lucía Navas
Los concejos municipales y los alcaldes tienen por ley la potestad de evitar someter a licitación millones de córdobas, lo cual es considerado un gran peligro para el control del manejo de los fondos públicos.
La Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) está en contra de varios de los cambios aprobados recientemente por la Asamblea Nacional a la Ley de Contrataciones Municipales, Ley 622.
Rechazan la potestad que tendrían las alcaldías para negociar la contratación de obras y servicios con valor de hasta un millón de córdobas, sin pasar por un proceso de licitación y someterlo únicamente a una figura de compra por cotización.
Sobre el Tribunal Tributario Aduanero pide que creen dos salas para resolver por separado los conflictos de impuestos y aduanas.
C$3.481 millones de córdobas es lo que en concepto de transferencia municipal fue aprobado por la Asamblea Nacional para entregar a las 153 Alcaldías través delPresupuesto General de la República del año 2012.
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Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, señala que esta facultad contradice la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 737, en la cual se establece que el límite es de 500 mil córdobas.
“Entonces cómo le van a permitir a una Alcaldía, con una ínfima parte del presupuesto que tiene, por ejemplo, el MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura), dar contratos de hasta un millón de córdobas. No es correcto”, plantea Lanzas.
Además la Cámara propone bajar el monto a los 500 o 300 mil córdobas a permitirse no licitar. “Excepto con las alcaldías departamentales, como la de Managua, el resto tiene presupuestos pequeños, cómo les vamos a permitir que no pasen los procesos licitatorios y den un millón de córdobas a sus primos, parientes o empresas que no llenen los requisitos”, cuestiona Lanzas.
Los procesos a seguir las municipalidades en las licitaciones, la Cámara sostiene que tampoco son claros.
PRESIÓN VÍA REGLAMENTO
Otro problema, dice Lanzas, es que las alcaldías “pueden dar contratos con valor por 990 mil córdobas hasta cinco veces, por lo que en la práctica son hasta cinco millones de córdobas los que quedan con ‘manos libres’”.
“Son de los casos más importantes que queremos ver cómo se modifican para que haya mayor transparencia”, dice Lanzas.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) espera negociar con el Gobierno para ajustar la Ley de Contrataciones Municipales en su reglamento.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, reiteró que de no conseguir las correcciones introducirán un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha presionado para que las leyes en Nicaragua, que rigen el manejo de los fondos públicos, se ajusten a las normas internacionales de transparencia.
Mirna Liévano, representante saliente del BID, dijo que la reforma a la citada ley “está homologada” con la ley marco. “Pero evidentemente lo que se defina en el reglamento va a ser fundamental, porque hay aspectos que están muy generales”.
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