Los impuestos deben ser consensuados

Hace algunos días el Gabinete Económico presidido por el asesor presidencial, Bayardo Arce, presentó a los actores económicos y sociales del país, su propuesta de Ley de Concertación Tributaria, con el objetivo de dar inicio al proceso que llevará a “consensuar” los alcances y contenido de la reforma fiscal para los próximos años.

Freddy Blandón

Hace algunos días el Gabinete Económico presidido por el asesor presidencial, Bayardo Arce, presentó a los actores económicos y sociales del país, su propuesta de Ley de Concertación Tributaria, con el objetivo de dar inicio al proceso que llevará a “consensuar” los alcances y contenido de la reforma fiscal para los próximos años.

De esa intervención merece destacarse la voluntad política del Gobierno, de que esa reforma sea producto de un consenso entre empresarios, trabajadores y Gobierno; lo cual se entiende desde la óptica empresarial como el proceso por el cual los gremios empresariales privados tendrán la oportunidad de discutir a fondo hacia donde se quiere conducir al país con la implementación de esta política fiscal, y por tanto, discutir y consensuar cuales son los principios que la deben sustentar, para finalmente consensuar las medidas que serían aprobadas por la Asamblea Nacional.

Ese proceso, y en particular, la participación del sector privado, ha comenzado a descalificarse mediáticamente por algunos “expertos”, quienes exponen que se trata de un esquema “parcial y bilateral” que favorece “intereses de grupos privilegiados”; que lo que está planteado es una “negociación bilateral” y no una concertación; hasta llegar a afirmar que el sentido político de la reforma es “preservar y fortalecer el esquema de alianzas con los grandes grupos empresariales”.

Ese cuestionamiento se articula con una ferviente y vehemente “satanización” a las exoneraciones y exenciones legales vigentes que favorecen a sectores tan importantes en la economía como lo son, el turismo y las zonas francas; llegando al extremo de proponerse el “desmantelamiento amplio” del sistema, pero sin proponer alternativas reales que expliquen cómo sustituir la inversión que se retiraría y como se afrontaría el desempleo que esas medidas provocarían irremediablemente en esos sectores tan relevantes en inversiones y extensivos en mano de obra.

Al margen de esas opiniones, lo relevante desde mi punto de vista es    que las pautas que el sector privado propone deben observarse en la reforma a ser consensuada en el esquema ya definido; el cual guste o no, en el ámbito económico ha resultado beneficioso para el país. En ese orden, debe respaldarse la posición de que la reforma no debe tener un objetivo meramente recaudatorio, y se afecte como consecuencia directa de la misma, la productividad, la competitividad de las empresas y el estímulo a la atracción de las inversiones; puesto que es indispensable mantener la tendencia positiva de crecimiento económico e inversión experimentada en los últimos años.

Otra posición a respaldar, es que debe aprovecharse la oportunidad para desarrollar a los sectores económicos con potencial exportador, otorgándoles a los productores, industria y empresas condiciones para desarrollar cadenas de valor productivo y de servicio, incorporando a sus procesos nuevas tecnologías y mayores recursos financieros que les permitan una mayor generación de empleo formal.

De donde resulta, que es indispensable garantizar la permanencia de estímulos fiscales actuales y futuros que sustenten esa lógica, sin obviar que ese proceso supondrá una revisión y análisis de las políticas vigentes que permitan en algunos casos, establecer un proceso de eliminación gradual de las exenciones y exoneraciones conforme cada realidad sectorial y empresarial.

Y finalmente, insistir en que “paguemos todos y paguemos menos”, y en ese sentido, respaldar el planteamiento que se debe fortalecer la capacidad de la administración tributaria para ampliar la base de los contribuyentes con todos aquellos que no están jugándole limpio al país ya sea a través del contrabando, las subvaluaciones y la evasión misma.

Si se logra el consenso sobre lo anterior, se podría esperar que la reforma logre movilizar las fuerzas económicas para estimular la capacidad productiva e incidir en la mejora de la competitividad y permitir una mayor recaudación tributaria producto del incremento en la actividad económica, y por ende, generar el empleo y la riqueza necesaria para ir superando las inequidades sociales y económicas que persisten en nuestro país.

Es por ello, que a pesar de las descalificaciones mediáticas, el sector privado no puede renunciar ni debe ceder su espacio como interlocutor económico legítimo para incidir conforme sus planteamientos en el contenido de la reforma, y consecuentemente hacer todos los esfuerzos para que los impuestos no sean impuestos, sino que sean consensuados.

El autor es Máster en Derecho Público

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