Lucía Navas
La preocupación desaparece y se mantiene la cooperación, pero bajo un estricto “escrutinio” de todos los programas que se aprueben a Nicaragua en el futuro. Este es el escenario que marcará la relación a futuro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el país, tras la aprobación de la dispensa de la propiedad de parte de Estados Unidos a Nicaragua.
Mirna Liévano de Marques expresó “satisfacción” de finalizar su representación del BID en Nicaragua el próximo 31 de julio, con el waiver aprobado, ya que garantiza la continuidad de las operaciones del organismo multilateral, que por año representan unos 170 millones de dólares.
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Y si bien se facilita el camino para acordar la estrategia país entre el BID y el gobierno nicaragüense para los próximos cinco años, los recursos no serán soltados tan fácilmente.
“Ya ha existido un escrutinio bastante grande hacia las operaciones que van a Nicaragua. Para cuando nosotros llevamos cualquier proyecto al directorio (del BID) tiene que estar muy bien justificado y fundamentado, porque son examinados profundamente cada uno” , asegura.
SÍ LES IMPORTAINSTITUCIONALIDAD
Si bien Liévano no habla sobre aspectos políticos internos, considera importante que se tome con seriedad lo expuesto por EE. UU. al aprobar la dispensa sobre fortalecer la institucionalidad en Nicaragua.
“Es importante un Estado de Derecho claro, porque hay un papel importante para fomentar la inversión extranjera, el BID financia también a los sectores privados, entonces la afluencia y confianza que ellos tengan en el país dependerá mucho de ese Estado de Derecho”, precisó.
A FIN DE AÑO SE VOLVERÁ A SUFRIR
El gobierno de Nicaragua deberá cumplir una serie de condicionantes asumidas en la actual estrategia país con el BID, para poder recibir a fin de año 45 millones de dólares del programa de Préstamo de Reformas de Políticas (PBL) o apoyo presupuestario.
La representante saliente del organismo internacional, Mirna Liévano, explica que para efectuar el desembolso se debe cumplir las políticas de bienestar social, la implementación de los sistemas modernos de compras públicas del Ministerio de Salud y el de la Familia, y realizar auditorías operativas internas de estos ministerios.
“El fin es ver que se están cumpliendo con todas las normativas que pide el banco y que hay mucha transparencia”, sostiene.
Igualmente quedan atadas las exigencias de divulgar y permitir el libre acceso de los datos de los censos y encuestas de hogares y de todas las investigaciones estadísticas que se realizan en el país. “Estaremos muy atentos a que esa política se implemente”, afirmó Liévano.
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