Ayer 25 de julio el gobierno de Estados Unidos anunció, en cumplimiento de la Enmienda Helms-Burton de 1994-1995, su decisión de continuar la dispensa de la propiedad en Nicaragua, indispensable concesión popularmente conocida como “waiver”. Un ritual anual que exige al Departamento de Estado juzgar si se ha cumplido con la meta de devolución de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en la década de los ochenta y durante la tristemente célebre “piñata” confiscatoria realizada por el sandinismo poco antes de entregar el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
Aunque aprobada ininterrumpidamente por diferentes administraciones —incluyendo la actual—, esta vez hubo señales desde Washington insinuando que este año podría ser diferente. Entre las más importantes se destacan las declaraciones de la propia secretaria Clinton criticando la descomposición del proceso democrático iniciado en 1990, la suspensión del waiver de transparencia y el mismo hecho de que aun siguen sin resolverse cientos de casos, muchos de ellos engavetados sin convincente justificación.
Ortega e inclusive algunos sectores no gubernamentales alegan que se han resuelto una cantidad de casos similar a las administraciones anteriores y que por consiguiente ello merecía la continuación de la concesión. No hacerlo, argumentan, hubiera implicado la interrupción de programas esenciales de asistencia bilateral y de instituciones financieras como el Banco Mundial, el FMI y el BID, provocando catastróficas consecuencias a la economía del país. Por otro lado buena parte de la población temía que ello provocara revanchistas y dañinas reacciones viscerales del gobernante, tal como se vio cuando el waiver de la transparencia fue cancelado.
Pero aparte del incumplimientos de los requisitos que la enmienda demanda (incumplimiento similar al de los últimos 5 años) lo que por sus propios méritos y letra de la enmienda justificaría la suspensión, es importante tratar de señalar las razones del porque este año la decisión ha costado mucho más que los años anteriores.
Claramente se destaca el hecho de ser este un año electoral en el que el presidente se enfrenta a un fuerte adversario constantemente criticándolo por dirigir una política exterior débil y condescendiente con gobiernos hostiles a los Estados Unidos. Esta crítica es aprovechada hábilmente por influyentes congresistas republicanos que ven en ella una excelente oportunidad para presionar y debilitar al presidente, acusándolo de ignorar flagrantes violaciones constitucionales de un gobierno que además de antagonista, es aliado de países declaradamente hostiles a los Estados Unidos.
Dentro de ese contexto, negar la dispensa a un país como Nicaragua que seguramente ocupa una posición muy baja en su lista de prioridades geopolíticas, le hubiera permitido argumentar su firme convicción en defensa de la democracia y de esa forma neutralizar o al menos mitigar la estrategia y ataques de los republicanos.
Inclusive, dado el concluyente informe de la OEA sobre las anomalías de las últimas elecciones y las posiciones adoptadas por la comunidad donante, en particular de la europea, suspendiendo buena parte de la cooperación como represalia a dichas irregularidades, no hubiera sido de extrañar un silencio ensordecedor por parte de tan importantes aliados.
Pero a pesar de estas consideraciones y de las provocativas e irresponsables recientes declaraciones de Ortega, el presidente y su secretaria de Estado no se inclinaron a aplicar rigurosamente la Enmienda. De sobra conocido es que cualquier decisión de orden política, doméstica o exterior en un año electoral, por muy insignificante que parezca, será sin duda evaluada e implementada bajo un prisma exclusivamente partidario. El duro golpe y estragos duraderos que ello pueda ocasionar en la población y economía nicaragüense han sido relegados para otras oportunidades.
El autor fue Cónsul de Nicaragua en Miami. [email protected]
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