A mediados de esta semana, cuando la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que la llamada “dispensa de la propiedad” había sido otorgada al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, hubo reportes de agencias noticiosas que dijeron que empresarios y hasta políticos opositores habían “respirado aliviados” por la noticia.
Desde junio, cuando la embajadora de Estados Unidos en Managua, Phyllis Powers, anunció que su gobierno no otorgaría la llamada “dispensa de la transparencia”, lo que bloqueaba la ayuda bilateral norteamericana, la canillera de muchos nicaragüenses se intensificó porque la negación de la dispensa de la propiedad tiene consecuencias más fuertes, ya que por ley obliga a Washington a vetar cualquier préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y hasta el programa del Fondo Monetario Internacional para un país que no tenga la dispensa.
Sin embargo, lo que la mayoría de los que “respiraron aliviados” no considera es que los factores que nos tuvieron al borde del abismo todavía están ahí. Y en mi opinión, ahora tienden a empeorar. Es cierto que formalmente la dispensa de la propiedad usa como medida el progreso en los casos resueltos de ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados, pero este año estuvimos en canilleras no porque los casos resueltos hayan sido insuficientes (se resolvieron 64 cuando ha habido años en que se han resuelto 34).
Lo que puso la dispensa en peligro es que como el Estado de Nicaragua todavía tiene 300 y tantas propiedades de norteamericanos confiscadas, el Ejecutivo de Estados Unidos debe evaluar si es en su interés nacional obviar la ley que taxativamente le impide cooperar con cualquier Estado que tenga confiscada aunque sea una propiedad de uno de sus ciudadanos.
La canillera en realidad se da por el relajo que ha causado el Inconstitucional con falta de respeto a la ley, la demolición de las instituciones, la rampante corrupción, el abuso de poder, el control sobre los medios así como el irrespeto a los derechos humanos y políticos de los nicaragüenses. Todo eso hizo que se encendiera una lucecita de alerta en el radar de los norteamericanos.
Y el problema va a seguir, la canillera va a ser permanente mientras el Inconstitucional no regrese al país a la senda de la institucionalidad y la democratización, por donde iba avanzando, con tropiezos, hasta enero del 2007.
Sin embargo, yo no le tengo mucha esperanza a que el Inconstitucional, en un arrebato de sensatez, deje la ruta del autoritarismo que lleva.
Ahora el partido opositor y los gremios empresariales están esperanzados en que el Inconstitucional acceda a realizar los cambios en el actualmente corrupto hasta los tuétanos Consejo Supremo Electoral, cambios que se le vienen pidiendo desde hace años. Sin embargo, ¡imagínense! los mismos representantes de esas organizaciones admiten que el Inconstitucional a lo más que está dispuesto es a llenar los vacíos que por muerte o por cárcel han dejado algunos magistrados. En otras palabras no existe la mínima voluntad de comenzar a hacer las cosas bien.
Los nicaragüenses, que tenemos memoria corta, olvidamos que el Inconstitucional es una persona con un proyecto: mantenerse en el poder porque este lo embriaga; y que en los 33 años que tiene de estar en una posición de poder las muestras de apertura de adversarios o simplemente de la gente que no piensa como él, nunca han desembocado en reciprocidad de su parte. Muy al contrario, el Inconstitucional, ahora reforzado por la primera dama que tiene la misma visión de las cosas, interpreta las muestras de apertura, de sensatez, de flexibilidad, de parte de personas que no comparten su visión de las cosas, como pruebas de debilidad que hay que aprovechar para terminar de aplastarlos. Porque esa es otra cosa que ellos tienen como características, los adversarios (o simplemente las personas que no piensan como ellos) deben ser sometidos o aplastados. Aquello de implacables en el combate y generosos en la victoria nunca ha sido más que retórica.
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