TEGUCIGALPA/AFP
Campesinos hondureños rechazaron este jueves un decreto de desarme en la zona eje de un sangriento conflicto por tierras, argumentando que blinda a los sicarios pagados por los terratenientes, mientras representantes de latifundistas dudaron sobre la eficacia de la medida.
El congreso prohibió el miércoles portar armas en el valle del Aguán (noreste), pero permitió a los servicios de seguridad de las empresas mantenerlas para proteger predios en una zona donde miles de familias mantienen ocupadas 7.000 hectáreas y los conflictos han dejado 78 muertos en tres años.
El decreto ordena “un desarme parcial que está blindando las operaciones de los guardias sicarios de los terratenientes y de lo que se había hablado era de un desarme general”, dijo a la AFP el dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUC), Yoni Rivas.
Por su parte, el portavoz de Dinant, una de las compañías propietarias de las tierras, Roger Pineda, dijo a la AFP que “es difícil hacerse de una opinión clara respecto a si esa medida es adecuada para solucionar el problema”.
“La policía y el ejército deberían actuar de oficio para devolver la tierra a sus legítimos dueños, y lo que sí es que cualquier medida que se haga debe hacerse lo más rápido posible”, añadió.
La noche del miércoles el Congreso anunció que “se prohíbe en el departamento de Colón la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada”.
Pero de la medida se exceptúan las “empresas mercantiles que para el funcionamiento de su actividad requieran el servicio de seguridad privada, la cual debe limitarse únicamente a los predios” donde opera o “a la parte exterior de los mismos”.
Hace tres años comenzaron en el Aguán, fértil región cercana al Caribe, los choques armados entre campesinos y los guardias privados de los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes disponen de unas 20.000 hectáreas en las que se dedican al cultivo de palma africana.
Los enfrentamientos han dejado desde entonces 63 campesinos y 15 guardias y empleados de los latifundistas muertos, según recuentos ofrecidos por ambas partes.