Por Orlando Sierra
TRUJILLO/AFP
Cientos de militares y policías custodian las calles polvorientas de acceso a una finca de palma africana en el Valle del Aguán, noreste de Honduras. Armados con fusiles M-16, están al acecho para evitar que se acerquen grupos de campesinos que pretenden ocuparla.
Bajo un sol inclemente, a 40 grados de temperatura, los militares sudan copiosamente en sus uniformes, patrullando a pie y en camiones, montando retenes de registro en busca de armas.
Un “virtual estado de sitio”, según pobladores de esta zona que es epicentro de un conflicto entre campesinos y latifundistas que ha dejado 78 muertos en tres años.
Por entre los humildes caseríos que rodean la finca “Bolero”, en Trujillo, en el extremo norte del fértil Valle del Aguán, se dispersaron este viernes unos 200 campesinos que habían ocupado el lugar el miércoles y fueron desalojados al día siguiente por la policía y los militares, con saldo de un herido.
En una estrecha cocina con paredes de tablas de desecho, una mujer que se identificó como María dijo a la AFP, mientras palmeaba tortillas, que tiene “miedo” de que los uniformados entren violentamente a su casa.
A su lado, un campesino que no quiso dar su nombre añadió que la enorme presencia militar y policial le recordaba “el estado de sitio del golpe de Estado” de junio de 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, con quien los campesinos habían conseguido garantías de obtener tierras.
“Los militares y policías son también guardias de los terratenientes”, aseguró el hombre, quien no usaba camisa por el pesado calor, intensificado bajo un techo de zinc.
La tensión en la finca empezó la noche del miércoles, cuando los campesinos ocuparon un terreno de 1.000 hectáreas cultivadas de palma africana -cuarto producto de exportación de Honduras-, pero los militares los desalojaron temprano el jueves.
Los agricultores “están esperando que nos retiremos para entrar de nuevo, pero nosotros tenemos que mantener la vigilancia y control” para que eso no ocurra, dijo a la AFP el subcomisionado José Mejía, jefe de la policía, mientras dirigía un patrullaje. “Aquí hay un gran armamentismo.
Anda rondando la muerte aquí, pero se ha fortalecido la presencia policial (con militares) para dar una respuesta y se aprobó una ley para prohibir la portación de armas en la zona”, añadió, aludiendo a un decreto promulgado el miércoles en ese sentido.
En la tarde del jueves, los agricultores desafiaron el bloqueo militar y policial e intentaron ingresar nuevamente al predio.
“Esta guerra en el Aguán no se termina, tiene una finalidad: tener una nueva ley de reforma agraria que defina el latifundio y el minifundio y que haya una distribución equitativa de la tierra entre campesinos y terratenientes”, dijo a la AFP Oscar Cruz, asesor del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Cruz, quien sostiene que los campesinos sólo tienen machetes y no armas, como afirman las autoridades, comentó que los agricultores que tratan de ocupar la finca “Bolero” estaban desorganizados, pero el jueves se integraron al MCA para fortalecer su movimiento e insistir en apropiarse de la plantación.
“La lucha es por hambre, el hambre no espera” y el machete es “para trabajar”, afirmó a la AFP Yoni Rivas, dirigente del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA), una de las organizaciones más pujantes de la zona en conflicto.
Aunque el conflicto recrudeció en los últimos tres años, se originó en la década de los noventa, cuando una ley permitió a los campesinos vender tierras recibidas durante una reforma agraria.
Dirigentes de cooperativas de campesinos corruptos se aprovecharon y vendieron tierras a grandes hacendados, entre ellos a Miguel Facussé -uno de los hombres más ricos de Honduras-, que dispone, junto a otros dos terratenientes, de unas 20.000 hectáreas de la muy cotizada palma africana.
