Aunque el partido de oposición PLI decida participar o no en las elecciones municipales del próximo 4 de noviembre, de todas maneras habrá mucha abstención electoral.
En realidad, con un Consejo Supremo Electoral de facto, corrupto y extremadamente desacreditado; sin garantías legales y políticas de que el voto ciudadano será respetado; con el desmesurado ventajismo del partido oficialista que usa como propios todos los recursos del Estado, para financiar sus campañas y candidaturas; con la imagen de derrotismo que enseña la oposición legal y con la fuerte campaña abstencionista de los sectores de oposición extraparlamentaria y la sociedad civil; con todo eso y más que no es posible mencionar en este espacio, lo que se puede esperar es una enorme abstención.
Pero la abstención es también un derecho que muchos nicaragüenses han ejercido desde las elecciones de 1984, las primeras de la época posterior al somocismo. Ya en aquellas votaciones se abstuvo la alianza de centroderecha Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa Guerrero, por falta de garantías electorales. Y muchos otros ciudadanos que no tenían preferencia política, simplemente no fueron a votar.
Después, en la nueva Constitución de Nicaragua se estableció que “los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos”. Se consignó el derecho a votar pero no que el voto sea obligatorio. Lo que prohíbe la Ley Electoral es hacer propaganda abstencionista (artículo 87) y obligar a alguien a abstenerse de votar (artículo 174), lo cual se penaliza con arresto inconmutable de seis a 12 meses.
Esto significa que tanto la oposición legal que decida participar en las próximas elecciones municipales, como la oposición de hecho que opte por la abstención, estarán ejerciendo su derecho constitucional. El problema y el debate en este caso no es de carácter legal, sino político, y se refiere a qué conviene más a la oposición, no para la coyuntura sino para los objetivos de mediano y largo plazo. El argumento de que la participación en las elecciones legitimaría el fraude electoral y al régimen orteguista, es tan válido como el contrario, o sea que es la abstención la que legitimaría al orteguismo. Y lo mismo se puede decir de los demás argumentos, los cuales se pueden usar tanto en pro como en contra de la participación o la abstención.
Lo que no se debe perder de vista en esta controversia es que ambas partes opositoras pertenecen a la misma familia democrática, que por ahora está dividida por un asunto de táctica política que no tendrá ninguna significación después de las elecciones de noviembre. Y más importante aún es que ambos sectores tendrán que unirse después, alrededor de una sola estrategia, si en verdad quieren rescatar la democracia y lograr que Nicaragua deje de ser una monarquía orteguista para que vuelva a ser una república democrática.
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