Elízabeth Romero y Lucía Navas
“Lo siento no puedo hablar con usted”. Y colgó. Con estas pocas palabras el superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), Víctor Urcuyo, se negó a conversar con LA PRENSA sobre el hecho de que el exadministrador del Programa de Prevención de Lavado de Dinero de un banco del país es parte de investigaciones policiales por supuesta relación con Henry Fariñas, acusado por varios delitos ligados al crimen organizado.
Urcuyo cortó la llamada a su teléfono celular y no dio tiempo siquiera a que se le explicara el interés de conocer su posición.
Hasta el cierre de esta edición, el superintendente Urcuyo tampoco respondió las consultas hechas a su correo electrónico referidas a si la Siboif alertó a la Comisión de Análisis Financieros (CAF) que preside el fiscal (general de la República) Julio Centeno sobre este caso y del peligro que otros funcionarios de los bancos puedan estar vinculados con este tipo de sociedades de Henry Fariñas. ¿Qué tipo de supervisiones está realizando en este caso la Siboif? se le preguntaba en el correo electrónico.
En base a esta facultad el superintendente de Bancos emitió la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo, que está vigente.
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- Esto debería provocar una investigación seria del Ministerio Público ( )”
- José Pallais, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
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PALLAIS: “SITUACIÓN ES GRAVE”
El hecho de que personal interno de un banco, cuya función precisamente sea administrar el programa de lavado, aparezca vinculado a personas relacionadas con grupos sospechosos de incurrir en actividades ilícitas del crimen organizado es considerado “gravísimo” por el expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais.
La situación surgida en el caso de Gabriel Ernesto Vélez Loáisiga, exadministrador del Programa de Prevención de Lavado de un banco local, quien según documentos de la Policía Nacional aparece en la sociedad Toscanica SA con Ángel Mercedes Martínez Herrera, y William Vargas Conrado, quien está entre las empresas ligadas a Henry Fariñas investigadas por la Policía Nacional, según Pallais, “significa que todos los mecanismos de control que se establecen quedan al descubierto”.
“Esto debería provocar una investigación seria del Ministerio Público ( ) de revisar las operaciones del banco involucrado y de la Superintendencia de Bancos también, porque al que ponen a cuidar se involucra con los que tiene por objetivo el cuidar, ves, es una transgresión donde significa que entra en crisis el sistema de control que se ha montado ya hace varios años”, expresó Pallais, principal impulsor de la Ley contra el crimen organizado.
Pallais recordó que si acaso hay violaciones a la Ley, sobre todo en cuanto al no cumplimiento a los controles, debería aplicarse a los bancos las sanciones que están establecidas en la Ley, que son fuertes.
“Porque no se puede decir que es responsable solamente el funcionario, el gerente de riesgo. Según la Ley y según el Código Penal también, son responsables por acción o por omisión las máximas autoridades de un banco que no toman el cuidado y las providencias necesarias para que se cumpla con los mecanismos de control del delito de lavado de dinero”, refirió Pallais.
El exparlamentario manifestó que en otros países ha habido sanciones fuertes a los bancos cuyos funcionarios fallan en el desempeño de sus funciones y en otros países, incluso, han aplicado penas de cárcel a directivos de bancos.
A criterio de Pallais, el sistema está dotado de la capacidad de investigar a profundidad para sancionar y aplicar multas, así como establecer responsabilidades penales por omisión de parte de los directivos de los bancos.
¿HUBO ALERTA A LA CAF?
Una fuente de la Fiscalía dijo desconocer si en este caso hubo alguna alerta de parte de la Superintendencia en su sistema de control periódico. Pero sostuvo que a la Comisión de Análisis Financiero (CAF), que preside esa institución, “no llegó eso (el caso de Vélez Loáisiga)”.
“La primera institución a la que le corresponde el control y verificación del cumplimiento que deben hacer las instituciones financieras en relación con el tema del lavado es la Superintendencia, hasta que un banco hace un reporte de una transacción inusual se remite a la Comisión de Análisis Financiero, pero la CAF no entra a hacer inspecciones in situ a los bancos, es la Superintendencia”, dijo una fuente de la Fiscalía.
Recordó el informante que el contacto con todos los oficiales de cumplimiento, así como los gerentes, es una facultad exclusiva de la Superintendencia.
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