“No repartir nuestras tierras”

Decenas de miembros de la comunidad indígena de Uluse, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, protestaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) en demanda porque cese el proceso de medición de sus tierras a favor de desmovilizados de la Resistencia y del Ejército.

Las familias en la comunidad indígena de Uluse viven en galpones o grupos de familia en una sola vivienda como estrategia para defenderse. LA PRENSA/CORTESÍA

Ramón H. Potosme

Decenas de miembros de la comunidad indígena de Uluse, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, protestaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) en demanda porque cese el proceso de medición de sus tierras a favor de desmovilizados de la Resistencia y del Ejército.

En la PGR les prometieron que revisarán su caso. Los dos líderes de la comunidad, Petronilo López y Fidelina Gurdián, dijeron que su visita a Managua es porque conocieron que en esta semana la delegación de la Procuraduría, en Matagalpa, titularía las tierras que han poseído ancestralmente.

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El representante legal de la comunidad indígena de Uluse, Rigoberto Mairena, indicó que agotarán todas las vías administrativas a lo interno del país, pero que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares y evitar la amenaza que pende sobre los comuneros.

En el pasado perecieron cuatro líderes en la lucha por sus tierras.

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“No queremos que repartan nuestras tierras”, aseveró Gurdián, quien llamó a respetar la propiedad que les pertenece desde 1907 y que están bajo el título real del pueblo indígena de Muy Muy, entregados por la corona española en 1726. Según Gurdián ellos son 170 familias descendientes de 42 de las mismas registradas por el Estado en esa época.

Lamentó que no puedan cultivar sus tierras libremente porque los excontras o exmiembros del Ejército destruyen los siembros o pastorean ganado destruyéndoles milpas y plantíos de frijoles por completo.

Ya antes los líderes indígenas han denunciado que los colonos llevados por el Gobierno, entre el 2000 y el 2005, han envenenado sus fuentes de agua y les han quemado sus viviendas.

En la oficina de Relaciones Pública de la PGR, los comuneros fueron atendidos y les dijeron que investigarán la situación.

Los indígenas recibieron un fallo a su favor de parte del Juez Local de San Ramón, en el que ordenaba a la Policía Nacional brindara protección a la comunidad porque había constatado que estaba amenazada.

Las autoridades policiales no acataron la resolución judicial, según el representante legal de la comunidad, Rigoberto Mairena. Ellos adujeron que la PGR mediría y titularía a finales de agosto, por lo que habían decidido no intervenir.

En la carta enviada al procurador Hernán Estrada, le reportaron que ya habían llegado a la PGR, pero quien les atendió les dijo que les titularían de forma individual y que no fueran egoístas y permitieran titular a los desmovilizados.

NO PERMITIRÁN TITULACIÓN

Ellos señalaron que no permitirían la titulación porque la entrega de tierras a desmovilizados es responsabilidad del Estado y no de ellos. Por otra parte rechazaron la titulación por parcelas y pidieron se haga bajo un régimen comunal como trabajaron sus abuelos a inicios del siglo XIX.

Según Petronilo López, el delegado de la Intendencia de la propiedad en Matagalpa, Porfirio Zapata, les dijo que titularán las propiedades y que entregarán diez manzanas a los desmovilizados. Del restante distribuirá tres manzanas para cada familia indígena. La propiedad histórica de Uluse es de 200 manzanas y están ubicadas entre los ríos Uluse y Upá.

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