Asedio chavista daña a medios

El presidente Hugo Chávez ha utilizado “una variedad de leyes, amenazas y medidas reguladoras para debilitar de manera gradual la prensa independiente mientras erigía un imperio mediático estatal, lo que ha resultado en censura sobre asuntos que afectan a la vida diaria de los venezolanos” informó ayer el coordinador de programación para el continente americano del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, en un comunicado.

Hugo Chávez ha obligado desde 1999 a canales independientes a emitir más de 1,600 horas de mensajes presidenciales. LA PRENSA/EFE/MIRAFLORES

Nueva York/EFE

El presidente Hugo Chávez ha utilizado “una variedad de leyes, amenazas y medidas reguladoras para debilitar de manera gradual la prensa independiente mientras erigía un imperio mediático estatal, lo que ha resultado en censura sobre asuntos que afectan a la vida diaria de los venezolanos” informó ayer el coordinador de programación para el continente americano del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, en un comunicado.

Entre esos asuntos “cruciales” están “la violencia desenfrenada, la contaminación del agua o la crisis en las cárceles”, temas que no tienen el impacto adecuado en los medios venezolanos, según un informe dedicado a Venezuela publicado ayer por la organización.

El CPJ considera así que la presión ejercida durante años por el mandatario sobre la prensa ha hecho que los medios tengan problemas este año para cubrir de manera adecuada la “altamente disputada” contienda por la Presidencia que enfrentarán el 7 de octubre Chávez y el candidato de la oposición, Henrique Capriles.

El experto recordó que los medios independientes de televisión se enfrentan “a multas excesivas” si no transmiten las largas cadenas presidenciales, mientras que los periodistas digitales también sufren el acoso gubernamental y ven como sus medios en la red son “atacados y usados para promover mensajes a favor del Gobierno”, según el informe del CPJ.

Según Lauría, las autoridades venezolanas deberían “dar marcha atrás en las medidas legales que perpetúan la censura, alimentan la polarización y silencian el constructivo debate público”.