La historia es verídica y contarla es oportuno en el mes de los recuerdos patrios: doña Fernanda Selva, esposa del presidente Fernando Guzmán (1867-1871) estaba indignada; ¿cómo era posible que el juez Juan María Solís, hubiese tenido la osadía de exigirle a ella, primera dama, que despachara a su empleada recién contratada, y, peor aún, que amenazara con multarla?
Resulta que entonces las empleadas domésticas debían mostrar a sus futuros patrones certificados de solvencia, indicando la ausencia de compromisos laborales previos. Teniendo a la vista el documento, una señora de Managua había contratado anticipadamente los servicios de una doméstica adelantándole, como solía ocurrir, una suma de dinero. Pero al requerir sus servicios se enteró que había sido empleada por doña Fernanda. La señora, contrariada, llevó su queja al juez Solís. Este le dio la razón y conminó cordialmente a la primera dama a devolver la empleada o a pagar a la señora el efectivo adelantado; de lo contrario se vería obligado a imponerle la multa prescrita en el código de agricultura.
Doña Fernanda consideró irrespetuosa la comunicación del juez y así lo expresó a su esposo presidente. Pero don Fernando no solo le ordenó despachar a la empleada, observándole a su perpleja esposa que la justicia debía entrar por casa, sino que mandó a felicitar al juez Solís.
La anécdota, recogida por Gratus Halftermeyer, es reveladora del talante ético de judiciales y mandatarios de la época. Otro caso, igualmente revelador, es cuando Juan María Solís se vio años más tarde involucrado en un incidente con el presidente Joaquín Zavala (1879-1883), ya no como juez sino como guarda almacén del palacio de Gobierno.
Ocurrió cuando se agotó el licor en medio de una fiesta en honor del presidente. Un funcionario llegó donde Solís para decirle que su excelencia mandaba a pedir más botellas. Solís contestó: “Dígale a su excelencia que lo ordenado por el señor ministro fue lo que remití”. Luego, ante la insistencia de que acatara la voluntad del presidente, explicó que nada salía de su oficina sin orden ministerial. Al replicársele que el ministro no estaba en la fiesta, Solís dijo: “Es fácil allanar la dificultad; que su excelencia mande a comprar con dinero de su bolsillo los licores que faltan y mañana quedará arreglado todo”.
“No hubo orden ni iniciativa”, comenta Halftermeyer, “que hiciera ceder aquél carácter de temple toledano”. Al día siguiente, previendo que su conducta había contrariado al presidente, Juan María Solís puso su renuncia, pero don Joaquín Zavala no la aceptó.
Estos y otros indicios de la época sugieren que en Nicaragua llegó a prevalecer, con sus limitaciones, una cultura que valoraba la rectitud por encima del servilismo y el acatamiento a la ley por encima de las ambiciones. El hecho que tanto el presidente Guzmán, como después los presidentes Cuadra, Chamorro, Zavala y Cárdenas, hayan entregado tranquilamente la banda presidencial al final de sus períodos, es un ejemplo elocuente del civilismo y respeto a la constitución que distinguió esta época.
Conocida como el “Período de los treinta años”, esta ha sido la porción más excepcional de nuestra historia. Fue precedida por la anarquía, que culminó en la Guerra Nacional (1856-1857) y sucedida por un calvario de dictaduras y guerras civiles, con intervalos menores de evolución democrática. Pero que haya emergido tras la época más oscura de nuestra historia, es una señal de esperanza; la certeza que los nicaragüenses pueden construir una sociedad mejor, cuando se lo proponen.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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