Cuando el Ministerio de Exteriores británico amenazó ilegalmente con aprehender a Julián Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, los británicos (aunque se retractaron) brindaron la oportunidad para que los neo-populistas iberoamericanos montaran otro de sus circos internacionales.
Ciertamente, la declaración británica amenazaba con violar normas elementales del Derecho Internacional, como el artículo 22 de la Convención de Viena del 18 de abril de 1971. Pero, por otro lado, la prolongada reacción correista es hipócrita y contradictoria.
Veamos. Assange recibió amparo en la embajada ecuatoriana como “perseguido político por ejercer el derecho a la libre expresión”. Pero esto es una burla: El régimen correista persigue a la prensa independiente utilizando al terrorismo fiscal y a un poder judicial corrupto. En tanto, lo que Assange busca es eludir dos problemas de justicia ordinaria: Deportación a Suecia por cargos de violación contra dos mujeres, y piratería cibernética contra la seguridad de Estados Unidos. Este delito abría la posibilidad (simplemente posibilidad, ya descartada) de su extradición de Estocolmo a Washington. La garantía sueca de no deportar al malhechor australiano, obligó a Correa a aparecer como defensor de Assange exclusivamente en lo referente a la “justicia política norteamericana” que aquél enfrentaría “por informar libremente” si fuera extraditado a Norteamérica.
Pero recuérdese que en Ecuador, Correa define arbitrariamente cuáles son “los intereses del pueblo, la seguridad nacional y la “libertad” de prensa. Está aniquilando al periodismo independiente porque “conspira contra la seguridad nacional”. Entonces, según Correa, solamente el Estado ecuatoriano, y otros controlados por similares demagogos, tienen intereses de seguridad. Estados Unidos no los tiene, ni tampoco deben poseer ni resguardar información clasificada, aunque al respecto existan normas claras y razonables, como la sección sobre “Seguridad de Información” (Ley 296, 25 Nov. 2002), violada por Assange.
Pero Correa no está solo en sus despropósitos: Baltasar Garzón, defensor de Assange, exjuez de la Audiencia Nacional española, inhabilitado por prevaricato, afirma que Washington persigue a Assange usando la ley de espionaje de la Guerra Fría. ¿Despistado? ¿Fanatizado? Él sabrá.
Estos personajes aducen que los Estados democráticos de peso global por su decencia institucional, sus aportes científico-tecnológicos, etc. no tienen los derechos que reclaman para sí los gobernantes dictatoriales de Estados carentes de tal relevancia. Correa, el de las febriles peroratas y del fracasado grito cheguevariano “hasta la victoria siempre” ha hablado. Punto.
Pero este circo no acaba allí. Correa, apoyado por otros neopopulistas que declararon a la OEA inútil y muerta, no vacilaron en pedirle una Reunión de Consulta de Ministros del Exterior por el caso Assange. El teatro siguió tras la retractación de Londres. Y hay más: El correísmo cuestionó la indubitable altura ético-profesional de la justicia sueca. Tal gesto más bien contrastó al sistema escandinavo con el impresentable sistema judicial ecuatoriano, corrupto e inepto como el de los otros países albistas. En suma, el caso Assange concatena diversos hechos, unos desafortunados, otros malvados: la ilegal bravuconada británica; la decisión de un gobierno inmoral y represivo de asilar (en nombre de la libertad) a un perpetrador de delitos comunes; el reflejo pavoliano de los Estados iberoamericanos de alinearse internacionalmente contra todo país prominente, sin cualificar serenamente el grado de apoyo a concederse en determinadas circunstancias a las causas de algunos enfebrecidos demagogos de la región.
El autor es (Ph.D., catedrático universitario
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