Los crímenes sexuales están aumentando en Nicaragua, en vez de disminuir como es lo deseable, según denunciaron públicamente varias organizaciones civiles, el martes de la presente semana.
Solo en el lapso de enero a agosto del presente año, expresaron las denunciantes, se informó en los medios de comunicación de 297 casos de violencia sexual, o sea 42.3 crímenes sexuales por mes, casi uno y medio cada día. Pero los delitos de carácter sexual deben ser muchos más, si se considera que la cifra anterior se refiere solo a los casos que son informados por los medios y que muchos de esos abusos, quizás la mayoría, quedan en el anonimato.
Según las organizaciones civiles que trabajan en ese campo, la mitad de las valoraciones médicas de violencia sexual que se hicieron en el Instituto de Medicina Legal en los primeros tres meses del año, correspondió a víctimas menores de 13 años de edad. Agregan que las comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional reportaron durante el primer semestre de 2012, un total de 1,873 denuncias de violencia sexual, entre las cuales, 1,050 víctimas fueron niñas menores de 14 años. Pero lo peor de todo esto es la impunidad que ampara a los criminales sexuales, no solo por falta de suficiente acción policial y judicial sino también porque cuando los denunciados o acusados son personas ligadas al poder político, las autoridades las protegen de manera solapada o descarada.
Quienes se ufanan porque Nicaragua supuestamente es el país más seguro de Centroamérica, deberían avergonzarse ante la proliferación de los crímenes sexuales, sobre todo los cometidos contra las víctimas más débiles que son las niñas y los niños. Una situación que irónicamente se ha agravado después que se puso en vigencia la nueva ley para la protección integral de la mujer, y por lo tanto de las niñas, la cual se supone que debería ser más efectiva y al menos intimidar a los abusadores.
Como se sabe la violencia sexual es un problema muy complejo que está arraigado en la sociedad como un porfiado contravalor cultural y constituye además una pandemia mundial. De manera que no se puede culpar a las autoridades porque ocurran esos crímenes, como tampoco se puede esperar que desaparezcan o que se reduzcan solo con la aprobación de leyes más duras para castigar a los delincuentes sexuales. La criminalidad sexual solo se puede erradicar o reducir significativamente, mediante una acción conjunta y de largo aliento en la que se involucren todos los componentes o estamentos de la sociedad.
Sin embargo ninguna estrategia de lucha puede tener éxito si las autoridades de gobierno y policía permiten que los crímenes sexuales queden en la impunidad, menos si también agentes de la seguridad pública cometen delitos de esa clase y peor todavía, cuando una denuncia de abuso sexual ha servido exitosamente para relanzar a un cuestionado personaje político hacia la cumbre del poder.
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