Tania Sirias
El informe fue presentado por Guillermo Medrano en representación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en la primera audiencia temática del acceso a la información.
La secretaria ejecutiva de la Alianza Regional dijo que lo que esperan es que se promueva, se implemente y se defienda el derecho público a la información.
Agregó que la implementación de esta ley depende de la voluntad política de los gobiernos. “No importa que el país tenga la mejor letra de ley, sino la voluntad del funcionario”, sostuvo Banfi.
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Desde hace cinco años nuestro país cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo las instituciones del Estado se niegan a brindar información a los ciudadanos y a los medios de comunicación, violando de esta manera la ley y un derecho humano, dijo Karina Banfi, secretaria ejecutiva de la Alianza Regional, la cual está conformada por 24 organizaciones civiles, en 19 países americanos.
Banfi manifestó que Nicaragua cuenta con una Ley de Acceso a la Información, que está considerada entre las cuatro mejores de América, “lo único es que no se respeta”.
“Nicaragua como país signatario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debe cumplir con la Ley de Acceso a la Información, sin embargo si la información está en posesión del Estado, de la primera dama o de algún funcionario de cualquier gobierno de América y la considera como algo de su propiedad, está incurriendo en una actitud autoritaria”, sostuvo Banfi.
IRRESPETAN DERECHOSHUMANOS
En el caso de Nicaragua, la información pública es manejada y divulgada solo por la secretaria de comunicación y ciudadanía Rosario Murillo, la cual informa a través de los medios de comunicación afines al Gobierno. Banfi recalcó que con este acto, Murillo está irrespetando una ley y el derecho humano de ser informado de la gestión pública.
“Si uno le solicita información al Estado a través de la Ley de Acceso a la Información, lo más probable es que no la entreguen. Muchas veces esto ocurre por la falta de capacitación a los funcionarios, por lo que se debe fortalecer y promover esta legislación en el país”, dijo Banfi.
Añadió que los funcionarios tienen la obligación de difundir la información pública, ya que esas son sus funciones. Banfi recordó la demanda de Marcel Claude Reyes, quien demandó al Estado de Chile, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el cual generó un antecedente jurisprudencial e internacional, donde se estableció que es un derecho humano y este debe ser respetado.
Banfi dijo que existe una ausencia del Estado en capacitar a sus funcionarios en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual los obliga a responder de manera completa, fehaciente, exhaustiva a cualquier ciudadano que lo solicite.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
