Alejandro Serrano Caldera

Por una concertación ciudadana

Nicaragua se encuentra en una situación política difícil, sobre todo si la vemos desde una triple perspectiva: la concentración de poder de parte de quien gobierna; el desgaste de una oposición sin propuestas; y la débil organización y poca presencia de la sociedad civil y la ciudadanía.

Ante una situación semejante pueden haber varios caminos, pero entre ellos uno de los más necesarios y urgentes sería, pienso, el de la presentación de un proyecto de nación como resultado de una concertación ciudadana, la que debería darse como el primer paso necesario en la situación política que se abriría una vez cerrado el capítulo de las elecciones municipales del próximo mes de noviembre.

No se trata, entiéndase bien, de sustituir a los partidos políticos por la sociedad civil, esto, además de no ser posible, no es deseable ni conveniente desde ningún punto de vista. Los partidos políticos son los instrumentos necesarios del ejercicio democrático. De lo que se trata es de restablecer el sistema fracturado, mediante el fortalecimiento y participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, para revitalizar, desde la fuente originaria, a estas entidades cuya debilidad actual, más allá de los intereses inmediatos y coyunturales, es una muestra visible de la crisis general del sistema político nicaragüense.

Esta concertación y acuerdo de ciudadanía sería el primer paso en la búsqueda de la construcción de la democracia, pues esta, como dice Alexis de Tocqueville, es más un estadio de la sociedad, un punto fundamental alcanzado en su proceso de desarrollo, que un tipo de régimen o un sistema político, pues, en todo caso, como enseña Montesquieu, las repúblicas solo pueden subsistir por la acción de la sociedad sobre ellas mismas.

Un acuerdo ciudadano, fruto de la concertación, permitiría integrar un sistema y un modelo político a la realidad e integrar los enunciados jurídicos a la práctica, superando lo que Carlos Fuentes ha llamado: “La separación esquizoide del derecho y la práctica”.

Sobre la base de la definición de los contenidos políticos, jurídicos y económicos, se podría proceder, en el marco que establecen la Constitución y las leyes, a proponer la reorientación del papel del Estado y a posibilitar que la sociedad civil, por sí misma, se desarrolle y fortalezca, todo ello a través de un diálogo que iniciándose en la ciudadanía podría continuar en el desarrollo de un proceso de concertación de esta con los partidos políticos, y aun con el mismo Gobierno, en el caso en que este último estuviese dispuesto a dialogar y concertar sobre la base de la propuesta ciudadana

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  • No se trata de sustituir a los partidos políticos por la sociedad civil, esto, además de no ser posible, no es deseable ni conveniente. Los partidos políticos son los instrumentos necesarios del ejercicio democrático. De lo que se trata es de restablecer el sistema fracturado, mediante el fortalecimiento y participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

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Esto implica la propuesta de un modelo que supere el concepto y práctica del poder vertical, clientelista y personal, por otro, horizontal, solidario y participativo.

Creo que es este un momento oportuno para dar un contenido concreto a la concertación ciudadana y tratar de plantear no solo la situación de los problemas puntuales, sino también las estrategias para enfrentar los problemas estructurales.

Es muy importante que desde la ciudadanía se replantee y se trate de superar el problema de la identidad política del nicaragüense, estrechamente ligado al problema de la legitimidad del poder.

Para la cultura política de nuestro país no existe, o existe muy débilmente, el sentido de institución. Quizás la poca consistencia institucional de nuestra forma de organización política, sumada a la prevalencia de ese espíritu autocrático a través de la historia, impidió que el poder se transformara en institución. Más bien el cacicazgo devino en caudillismo en la práctica política de los estados nacionales surgidos de la Independencia.

En este sentido, la institución no existe como tal; existe solo como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejercicio del poder, para manipular, para justificar. La historia de Nicaragua ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad. Salvo excepciones que confirman la regla general, se puede decir que nadie, ni gobernantes ni gobernados, han creído en el principio de legalidad. En el mejor de los casos lo han utilizado para maquillar y dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto.

En el fondo permanece como precipitado de la teoría y práctica política en nuestro país, la idea de que es la fuerza la verdad de la historia, su razón de ser, con independencia de las formas o reformas, textos o pretextos con que se la pretenda recubrir.

Con tal fragilidad institucional y tradición autocrática integrada a la ontología del poder, es imposible esperar que sin un cambio de valores desde la sociedad que transforme también actitudes y conductas, se pueda salir del círculo de la violencia recurrente. Es necesario fundar la acción histórica sobre una verdadera ética política.

Creo que este momento es clave para lograrlo, a condición de que todos asumamos nuestra responsabilidad. La concertación y el acuerdo social constituyen esa posibilidad siempre y cuando los entendamos correctamente. Esto significa que el acuerdo social que surja de la concertación debe ser la propuesta de un proyecto de nación, cuya expresión más inmediata debe ser un plan o estrategia de desarrollo integral.

En ese marco conceptual, pensamos que en Nicaragua la concertación podrá ser efectiva si a través de ella se llega a un consenso entre los diferentes sectores del país sobre los principales problemas económicos y sociales. Pero además, y en el plano político, jurídico e institucional, se torna imprescindible alcanzar acuerdos que nos conduzcan a la modernización del país, al fortalecimiento de la democracia (representativa y participativa) y a la consolidación del Estado de Derecho, mediante la subordinación a la ley de todo poder, cualquiera que este sea.

Esto conlleva al necesario fortalecimiento de la educación como condición imprescindible en la formación de ese sistema político en el que sea de su propia naturaleza la alternabilidad en el poder y el relevo generacional, con una participación significativa de la juventud, en el proceso de construcción de la democracia y en el ejercicio de la dirección y administración del país.

La concertación entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, puede significar un paso hacia adelante en la construcción de un proyecto de nación, que, además, puede ser en su momento el planteamiento que una a un sector importante del país en la reivindicación política, y sobre todo ética, de los valores y principios fundamentales de libertad, democracia y justicia social.

Por supuesto que lo expresado es solo un punto de vista personal que no pretende más que contribuir al intercambio de las ideas, esencial a toda práctica democrática.  

El autor es Jurista, filósofo y escritor nicaragüense.

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