BOGOTA/AP
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo el viernes que no puso atención a las críticas de las FARC sobre su política de tierras durante la instalación de la mesa de negociación en Oslo, Noruega, entre su gobierno y ese grupo guerrillero.
El jueves, en la capital noruega, el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, cuestionó la política de tierras del Ejecutivo y dijo que “la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa (porque) encarna una suerte de despojo ilegal”.
Durante una intervención radial en el programa “En línea con el Presidente” y ante la pregunta de un oyente, Santos expresó: “No le pare muchas bolas (no le puse mucha atención) a esas manifestaciones que son… con intenciones políticas”.
En concepto del jefe de Estado, “cuando estos señores de las FARC dicen que (la de tierras) es una ley que es de mentiras, es porque les estamos quitando las banderas”.
Reiteró que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “saben perfectamente que eso (de la política de tierras de su gobierno) les quita a ellos una de sus banderas de propaganda… que los campesinos fueron desalojados. Sí, fueron desalojados muchos campesinos, entre ellos… por las FARC”.
Santos no se refirió a la forma acalorada en que transcurrió la instalación de la mesa de diálogo en Oslo entre los rebeldes y el jefe de su equipo negociador, el ex vicepresidente Humberto De la Calle.
El 15 de noviembre en La Habana, Cuba, se volverán a reunir ambas partes para continuar con el naciente proceso de paz que busca poner fin a un conflicto que está próximo a cumplir 50 años.
La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.
