MARTHA VÁSQUEZ
El ciudadano José Vicente Loáisiga Toruño acusó al procurador general de la República, Hernán Estrada, a la intendente de la propiedad Yara Pérez, a la procuradora auxiliar Sonia Canda y a la comisionada Miriam Martha Torres, responsable del Distrito VII de Policía, por desobediencia y denegación de auxilio, en el Juzgado Octavo Local Penal de Managua.
La acusación es porque Estrada no ha acatado una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que manda al Estado desalojar la finca rústica conocida como Los Jícaros “A”, de 2,091 manzanas, ubicada en la comarca El Zapote, municipio de San Rafael del Sur, Managua. Según Nelly López, una de las afectadas, la procuradora Canda fue la que llevó a unos “precaristas” a tomar la finca en el 2008 y desde entonces no los han dejado trabajar la tierra.
LA PRENSA llamó al procurador Estrada, pero no respondió la llamada y en sus oficinas dijeron que no se encontraba.
Mientras, la Policía Nacional en vez de auxiliar a los dueños de la propiedad ha apoyado a los tomadores de tierra que llegaron del lado del Timal, denunció la afectada.
Ayer varios colonos de la finca Los Jícaros, junto a sus propietarios se presentaron a la PGR, para que Estrada les dé respuesta a sus derechos, pero nuevamente quedaron plantados. “Hemos tenido paciencia y hasta ahora lo hacemos público, pero esta gente no entiende. Esto es puro robo de tierra”, dijo López.
El abogado Álvaro Leiva, asesor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que denunciarán el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
