En los recientes comicios municipales quedó al descubierto el cuarto fraude, o mejor dicho, el cuarto latrocinio electoral del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo caudillo, el actual presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra, ha tenido que recurrir a una sarta de ilegalidades, abuso de poder y una colosal corrupción, desde que llegó nuevamente al poder en el 2007, para sostenerse.
El primer asalto electoral se dio en el 2008 cuando Ortega y sus súbditos en el Consejo Supremo Electoral (CSE) le robaron a la oposición no menos de 40 alcaldías, cuyo robo fue bien documentado y denunciado ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional.
El segundo atraco orteguista fue en las elecciones regionales del 2010. El tercer pillaje electoral lo ejecutó el FSLN en el 2011 cuando Ortega, pisoteando la Constitución Política de Nicaragua —al amparo de sus pandillas armadas hasta los dientes y con una Policía que cumple caprichos tiránicos— se proclamó candidato presidencial y el colmo fue que el CSE le adjudicó el 63 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, haciendo creer que la mayoría del pueblo ahora es orteguista.
En el mismo 2011 Ortega atropella a la institucionalidad y a través de sus vasallos (magistrados) en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avala que los alcaldes legítimos y los que resultaron del fraude en el 2008, repitan como candidatos a alcaldes para las elecciones del 2012. Ahora, el cinismo más grande es que el CSE le da 134 alcaldías al FSLN, de las 153 que tiene el país, con un abstencionismo brutal. En verdad no se las robaron todas porque no quisieron. Ha quedado demostrado que el partido de la violencia ha llegado a un punto que ya no da más porque solo hace falta que pase a acciones más deleznables.
Hasta aquí el recuento de un partido liderado por un tirano que ha hecho de todo para estar en el poder junto con sus huestes.
Sin embargo, es desolador seguir teniendo en Nicaragua “líderes” opositores tercos, ambiciosos, mezquinos, holgazanes y desconsiderados con más del sesenta por ciento de nicaragüenses que no comulgan con la ideología orteguista y que quiere cambios para mejorar la nación.
Pero son esos “líderes” quienes también han contribuido a la postración de muchas cosas en el país, lo cual ha sido aprovechado por el partido gobernante. Y mientras sigan así, habrá FSLN para rato en el poder enriqueciendo a una familia y sus allegados, tal como ocurrió en la tiranía somocista.
Por esa actitud miserable de la oposición es que el FSLN, no es que ganó la mayoría de las alcaldías, sino que se las robó. Pero además, la indolencia de los “líderes” opositores alimentó el descontento de la población no orteguista que castigó a los verdaderos partidos de oposición al no ir a votar porque no se unieron. Y no se unieron por su mediocridad que va desde la cúpula hasta la estructura más pequeña en los municipios.
Esto nos lleva a replantear muchas cosas ya. El candidato a presidente y vicepresidente de la oposición para el 2016 debe tener muchas cualidades que conlleven a ser factor de unidad. Naturalmente Arnoldo Alemán Lacayo (PLC) y Eduardo Montealegre Rivas (PLI) no son factor de unidad y ha quedado demostrado hasta la saciedad. Las nuevas caras para el 2016 deben ser personas que trabajen por el bienestar de los campesinos, productores, jóvenes, profesionales, mujeres, empresarios y diferentes sectores sociales que tienen esperanzas de cambios para el país. El liberalismo debe cambiar por su propio bien. Quienes dirigen estos partidos deben dar cabida a un relevo generacional y aceptar a personas que tienen cualidades para ser presidentes, vicepresidentes, diputados, alcaldes y concejales.
El candidato presidencial de la oposición para las elecciones del 2016, tiene que motivar y generar confianza a la mayoría de los nicaragüenses. Debe ser firme, ponderado, dedicado a trabajar por el bien común, honesto y ofrecer soluciones a los grandes problemas sociales. Que no lo ciegue el poder y de ganar, que gobierne para todos tomando en cuenta planteamientos de los partidos políticos que no resulten beneficiados por los votantes en ese momento.
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