Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El Ministerio Público sigue indagando al expresidente Oscar Arias, por el supuesto delito de prevaricato, aunque la Fiscalía aún no lo acusa penalmente como sucedió el viernes pasado con el ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien junto al ex mandatario firmó un decreto ejecutivo que avaló el fallido proyecto minero Crucitas.
Según el Fiscal Genera, Jorge Chavarría, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación contra Arias y está esperando una prueba de una fundación canadiense, para determinar si se acusa o no al ex mandatario.
El viernes pasado, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó penalmente hoy al ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles; a la ex directora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Sonia Espinoza; a la ex directora de registro minero Cinthia Cavallini y cuatro miembros del consejo consultivo por el caso de la minería Crucitas.
odos son acusados de los delitos de prevaricato – dictar acciones contra la ley – al avalar la minería Crucitas, cuyos permisos ambientales fueron revocados a finales del año 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, sepultando de una vez este proyecto.
Ese mismo fallo también anuló el decreto ejecutivo emitido en el año 2008 por el entonces mandatario Arias y su ministro Dobles, que declaró de interés público y conveniencia nacional Crucitas, el cual le permitió a la empresa minera talar 86.5 hectáreas de bosque protegido por ley.
En Crucitas, ubicada en Costa Rica a unos tres kilómetros del río San Juan, la empresa canadiense Industrias Infinito, pretendió extraer alrededor de un millón de onzas de oro a cielo abierto.
havarría explicó que Arias no fue acusado penalmente porque se dividieron las causas con el fin de acusar al ex ministro Dobles y al resto de personas.
“Requerimos ampliar la investigación, estamos pendientes de algunas pruebas de una información que nos llegó sobre una fundación canadiense y esa información no nos ha llegado todavía, por eso no nos podemos pronunciar en relación al ex presidente y otros funcionarios”, declaró el Fiscal General.
“Para no atrasar esta acusación es dividir la acusación, acusar estos hechos que para nosotros están claros y separar la investigación del ex presidente Arias y los otros funcionarios”, manifestó Chavarría.
Dobles no ha querido hablar sobre la acusación pero el Chavarría aseguró que las concesiones ambientales dadas por Setena (dependencia del Ministerio de Ambiente) a la minería fueron ilegales, dado que la Sala IV constitucional los había anulado antes.
“El ex ministro Dobles, a pesar de que la Sala Constitucional había declarado nula la concesión, en un acto extraño de la correcta administración pública, plantea un recurso, además de manera extemporánea, solicitando la revocatoria de la resolución de la Sala”, insistió el fiscal.
“Cuando está resolviéndose la solicitud del ministro, la empresa presenta una nueva solicitud de concesión, pidiendo ampliación del área a explorar, lo que tornaba más grave la petición y a pesar del impacto serio contra el ambiente y el manto acuífero, los funcionarios de Setena dictaminaron a favor de esta nueva solicitud y luego el Consejo Pleno de Setena toma una resolución fundándose en este criterio y aprobando desde el punto de vista técnico los extremos de la concesión”, añadió.
El fiscal dijo que con base a estos actos administrativos, el entonces ministro dio la nueva concesión a la minería, cuyo trámite “es totalmente al margen de la correcta administración pública”.
“Es un acto doloso y constituye el delito de prevaricato, por las dos acciones y en diferentes grados de participación”, puntualizó Chavarría.
