Rezaye Alvarez M.
El catedrático español Joan Vintró Castells, experto en Derecho Constitucional, expresó su opinión sobre la situación actual de las instituciones que él denomina como garantes de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en Nicaragua.
En declaraciones a LA PRENSA, Castells ofreció una valoración sobre la situación actual del Estado de Derecho en Nicaragua, asegurando que hay retos para la consolidación de la democracia, que van relacionados con el perfeccionamiento de la elección y funcionamiento de las instituciones de garantía.
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Las instituciones de garantía a las que se refiere Castells son: el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Contraloría General de la República (CGR).
Según Castells el problema en Nicaragua es que estas instituciones de garantía en su composición y funcionamiento están demasiado politizadas y mediatizadas por los partidos políticos.
Y valoró que el lugar natural y lógico de actuación para los partidos políticos es el parlamento y en el Gobierno, pero en la CSJ, la CGR y en el CSE los partidos políticos no tienen que influir ni incidir en la manera en que lo hacen en Nicaragua.
Para Castells lo ideal es que estas instituciones de garantía sean independientes.
En el caso de Nicaragua, Castells ve necesaria la despolitización de las instituciones de garantía y sustraerlas del control excesivo que tienen por parte de los partidos políticos.
PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD
También sugirió que los partidos políticos no deben tener una presencia tan evidente, porque esto “redunda en la pérdida de legitimidad en las instituciones, porque se las ve como una proyección más de la lucha partidaria”.
Además consideró esencial articular lo que es Nicaragua, como democracia representativa, con un parlamento y pluralismo político, para que estas instituciones se mantengan con todo vigor.
Otro aspecto que valoró necesario para el fortalecimiento de la institucionalidad es la introducción de elementos de democracia participativa, donde el pueblo pueda participar de manera pública y que estas instituciones se articulen bien con el conjunto del sistema representativo, de tal manera que se complementen, no para ser manipuladas o instrumentalizadas por determinado partido político.
La politización de las instituciones de garantías dejan al Estado de Derecho en una situación de indefensión, porque lo que hace es que no haya separación de poderes o esta quede difuminada, Castells además advirtió que los partidos políticos no deben ser los únicos criterios de decisión.
EL CSE Y SU AUTONOMÍA
Ante la pregunta de si es necesario reformar o cambiar completamente la Ley Electoral, Castells expresó que hay que procurar dotar de autonomía a las instituciones que están encargadas de velar por la pureza electoral.
Sobre la situación actual del CSE, Castells dijo que si el poder electoral tiene una composición predeterminada y condicionada por los partidos políticos y si las personas que están ahí van de alguna manera con la etiqueta de su formación política, esto dificulta que el proceso electoral de alguna manera sea visto como transparente y puro.
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