Me siento feliz que hayamos ganado en una disputa de décadas nuestro Territorio Reivindicado, habiendo estado bloqueados por la pretendida potencia andina, que nos había ocupado bajo argucias y exhibición de fuerza bruta, encapsulándonos en el paralelo 82.
El triunfo no debe cegarnos y hay que tener la cabeza fría para ver lo que está ahora en el radar. Los colombianos, conscientes de nuestras limitaciones logísticas y medios aeronavales, estarán prontamente esgrimiendo alguna argucia para poner en práctica la consabida postura que también tiene muchos adeptos en nuestra tierra: firmar me harás, cumplir jamás.
Hay que monitorear seriamente las estratagemas colombianas en progreso, las cuales —aunque se auguren inefectivas— no dejarán de ser fuente de tensión y gastos para nuestro país, que con su maltrecha economía, tenga que hacer un esfuerzo titánico más para el manejo del Territorio Reivindicado, que como sabemos, equivale casi a otra Nicaragua en el mar.
Primero que todo, esa geografía es una ruta propiedad del narcotráfico, que por su vastedad, es legítimamente su Mare Nostrum; además, por sus cercanías con estaciones de reabastecimiento, y por el hecho que colinda con aguas internacionales, en donde el monitoreo y la interdicción de lanchas rápidas, aeronaves e incluso sumergibles, requiere de una fuerte capacidad económica-militar para realizar eficazmente esas labores.
Ese es el argumento principal que esgrimirán las autoridades colombianas, una vez que digieran el trago amargo de haber perdido un territorio, que abusivamente, consideraban su propiedad, el cual según la dialéctica y las declaraciones de sus autoridades, se están preparando no para perder, sino para relativizar, degradar y entorpecer el fallo a favor de Nicaragua.
Colombia podría argumentar fácilmente —de la manera más predecible— que la incapacidad de medios aeronavales por parte de Nicaragua para patrullar eficazmente en esa área de enorme geografía, pone en peligro su seguridad, no solamente por el narcotráfico, sino por actos de piratería, —que en realidad no son ajenas en esa región—, donde al igual que en nuestra propia Costa Caribe tradicional, en el corredor de las áreas de Corn Island, los Cayos Perlas, así como la Mosquitia, estos actos de corsarios modernos contra barcos pesqueros y otro tipo de embarcaciones, son un mal endémico.
Bajo esa tesis plausible, el presidente Santos declaró ya que el interés jurídico superior de su puesto es proteger a la población nativa de cualquier cercenamiento de lo que ellos consideran “sus derechos ancestrales”. Esta es una postura que lleva una profecía para autocumplirse: dada la exposición al peligro que significa una zona que no es patrullada eficazmente por la nación que ahora tiene la soberanía por Derecho —y la correlativa obligación— de brindar seguridad a los enclaves colombianos enmarcados necesariamente en aguas nicaragüenses, bajo este prisma, argumentar que la vigilancia, patrullaje e interdicción de las acciones del narcotráfico y piratería moderna son una irrenunciable obligación colombiana para mantener la seguridad de su propia población.
Es necesario también tomar en cuenta el cálculo de algunos políticos colombianos, como el expresidente Uribe, quien no oculta sus intenciones de seguir gobernando, quien ha llamado pública e irresponsablemente al desacato del fallo de la CIJ, amenazando veladamente, con hacer lucir al presidente Santos como un traidor a la patria por aceptar —hasta ahora con discursos delusionales e incongruentes de este— una realidad que no tiene, al menos por los fueros legales, vuelta atrás.
¿Qué debe hacer Nicaragua? No debemos caer en la trampa de la provocación ni en las posturas arrogantes que son propias de perdedores y resentidos. Colombia ha aspirado siempre a ser una potencia imperial en su liga; es por eso que para ellos es inaceptable que una nación como la nuestra, —pequeña y con una situación económica siempre precaria— les haya ganado un litigio donde han perdido el equivalente de cuando EUA les dio el mordisco de Panamá. Este es un “agravio” que no van a tolerar así no más su propia ministra de Exteriores lo ha manifestado claramente ante el Senado colombiano.
Lo primero que debemos hacer es establecer —unilateral y soberanamente— lineamientos de cooperación para la Seguridad en esa zona, que persigan: 1) desmilitarizar esa área de fuerzas colombianas; 2) promover la política de buena vecindad; 3) establecer patrullajes internacionales en zonas específicas soberanas, auxiliándose de los otros interesados, como Estados Unidos. Esto es absolutamente necesario porque el narcotráfico de esa ruta tiene como origen territorio colombiano.
El presidente Ortega debe abstenerse de hacer cualquier concesión graciosa a Colombia —ni verbal ni por escrito— puesto que él no es el dueño de Nicaragua ni de sus ciudadanos.
Con el Territorio Reivindicado, tendremos que plantearnos de inmediato la modernización de una verdadera Fuerza Naval, equipada no artesanalmente, sino en consonancia con los retos de una duplicación de nuestro mar territorial. Además, ofrecer de inmediato las licitaciones para la búsqueda de hidrocarburos, que operarían como estaciones soberanas de vigilancia.
El reto estriba en cómo hacer que las estrategias colombianas no tengan éxito; de lo contrario, veremos que al margen del fallo de la CIJ surgirán conflictos e incidentes de seguridad, que podrían dar lugar a situaciones que lleven a que el Territorio Reivindicado, vaya a ser una bendición odiosa por falta de una estrategia inteligente, y que de facto siga siendo colombiano, a como descuidamos Guanacaste y otras regiones, que por nuestra propia indolencia perdimos irremediablemente. El autor es Economista y Abogado
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