Hjalmar Ruiz Tückler (*)
El marco legislativo aplicable al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es uno de los factores que utilizan los operadores para establecer sus líneas estratégicas de inversión.
El marco legislativo establecido a escala global ha cumplido su cometido, imponiendo la competencia en un mercado que a principios de siglo funcionaba aún a base de monopolios. Dado que la posesión de las redes de telefonía básica por parte de los operadores históricos suponía un freno al acceso de nuevos actores, se han empleado como bases la competencia posibilitada por la introducción de la telefonía celular y la prestación de otros servicios sobre las redes de TV cable.
No obstante, a lo anterior, las reformas ya alcanzaron sus máximas posibilidades y se requiere un replanteamiento de las políticas públicas y desde luego la configuración de un nuevo marco regulatorio adecuado para impulsar y acompañar el despliegue de infraestructuras favoreciendo el desarrollo y la innovación tecnológica.
Dos puntos se manifiestan como relevantes: el primero es el relativo a los nuevos servicios de convergencia y el consiguiente solapa miento de los mercados de referencia; el segundo punto está relacionado con las condiciones de aplicación de las obligaciones de apertura de redes.
Más allá de las consideraciones sobre los incentivos a la inversión y la remuneración del riesgo, el debate remite al modelo de competencia, que está en el punto de mira. En resumen: ¿es necesario renunciar al modelo basado en distintas infraestructuras de acceso para poder centrarse en el reconocimiento del carácter definitivo y sistemático del monopolio natural en el campo del acceso?, o por el contrario, ¿debemos estudiar todas las posibilidades para favorecer la entrada de nuevos operadores basándonos sobre todo en una gestión activa del espectro radioeléctrico y las nuevas tecnologías de radio para avanzar hacia una legislación simplificada y dominada por el derecho a la competencia?
Hoy día en Latinoamérica aún se aprecia una carencia de armonización regional en los marcos legislativos aplicables al sector de las TIC. Asimismo, gran parte de las actuaciones reguladoras en la región se han caracterizado por la importación de recetas aplicadas a mercados con redes maduras, sin tomar en consideración el efecto que podrían tener las mismas en mercados en desarrollo.
Es evidente que se necesita un mejor nivel de respuesta por parte de la regulación para adecuarse a los continuos cambios que se dan en el sector.
(*)Consultor
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