Bogotá/EFE
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, analiza junto a expertos en Derecho Internacional si Colombia se retira del Pacto de Bogotá (1948), por el cual las naciones firmantes reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El presidente Santos “está analizando con un pool de abogados el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá”, aseguró en un comunicado la Presidencia colombiana, una semana después de que la CIJ emitiera un fallo que cambia la frontera marítima ente Colombia y Nicaragua.
“El nuevo grupo de abogados asociados está precisamente en eso y muy pronto se tomará una decisión”, afirmó Santos. Estos anuncios no despejan las dudas sobre si el Gobierno colombiano acatará o no el fallo, adoptado por unanimidad por los quince jueces del tribunal de La Haya el pasado 19 de noviembre, que redefine los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua en el Caribe.
El Gobierno de Nicaragua aún no ha reaccionado al anuncio hecho hoy en Bogotá, pero el presidente Daniel Ortega dijo este viernes que Colombia “no tiene otro camino” que reconocer un fallo que es inapelable.
La CIJ determinó que siete cayos cercanos a las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son también de Colombia, y otorgó a Nicaragua una amplia franja marina en esa zona que se calcula en unos 70,000 kilómetros cuadrados. Se trata de un archipiélago, recogido en la Reserva de la Biosfera de Seaflower, en el Caribe Occidental, que se encuentra a 190 kilómetros de las costas nicaragüenses y a 770 kilómetros de Colombia, un área que alberga gran riqueza natural entre pesca, especies y otros recursos naturales.
Colombia se replantea su acogimiento al Pacto de Bogotá por considerar que el fallo de la CIJ está plagado de “inconsistencias y errores”, según el Gobierno. Por ese pacto, firmado en 1948 precisamente en la capital colombiana y también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, los países del continente asumieron el respeto a las decisiones de la CIJ, así como su jurisdicción, como forma para resolver por la vía pacífica los litigios regionales.
El litigio comenzó en la CIJ en 2001, cuando Nicaragua demandó a Colombia. En una primera decisión, adoptada en 2007, el tribunal otorgó al país suramericano las islas mayores, pero no se resolvió la soberanía sobre los cayos y las aguas. Una veintena de años antes de la demanda en La Haya, las autoridades nicaragüenses declararon nulo e inválido un tratado bilateral suscrito en 1928 sobre el contencioso, con el argumento de que cuando se firmó el país centroamericano estaban ocupado por tropas estadounidenses.
Según la demanda de Nicaragua, el tratado Bárcenas-Esguerra, además, no fija los límites en el Caribe. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, ya había anunciado, justo después de conocerse el fallo hace ahora una semana, que el Gobierno de su país iba a estudiar si se retiraba del Pacto de Bogotá, un adelanto a los planes que hoy confirmó el presidente Santos. Para eso el Gobierno de Colombia ha contratado a un nuevo equipo de abogados especialistas en Derecho Internacional, que buscan determinar qué pasos seguirán tras este fallo inapelable.
El Gobierno, que considera una injusticia que le hayan quitado a Colombia aguas que históricamente han sido suyas, lo que perjudica a los pescadores de San Andrés, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que analice la delicada situación. Además, la canciller anunció el domingo, en una entrevista con el diario El Tiempo, que el Gobierno enviará otra carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, para manifestarle su “inconformismo, los vacíos jurídicos que hay en el fallo, las omisiones y las incongruencias”. “Nosotros deploramos terriblemente la decisión de la Corte y no nos vamos a resignar a lo que ha pasado”, advirtió Holguín sobre una situación que amenaza con crear inestabilidad en el Caribe.
El fallo de la CIJ por el litigio entre Colombia y Nicaragua ha causado preocupación en Chile, que enfrenta una demanda peruana ante la misma corte para redefinir los límites marítimos entre ambos.
