Roberto Mora
Organismos de derechos humanos denuncian que autoridades del Sistema Penitenciario de Estelí violentan los derechos de personas que están detenidas ilegalmente luego que los jueces emiten orden de libertad.
El asesor legal del Cenidh, Alberto Rosales, señaló que en Chinandega, donde salieron en libertad algunas personas vinculadas al crimen organizado, no hubo ningún proceso contra los presuntos involucrados como jueces, abogados y otros funcionarios si en verdad lo estuvieron, pero en vez de castigar a eso funcionarios se está castigando a personas que no deberían sufrir estas consecuencias porque se les está violentado sus derechos.
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El asesor legal del Cenidh en Estelí, Alberto Rosales, informó que ese organismo tiene documentados tres casos de personas que ya cumplieron sus condenas o tienen orden de libertad emitida por un juez por extinción de penas y las autoridades del Sistema Penitenciario de Estelí no los dejan salir.
“Las decisiones judiciales son de ineludible cumplimiento y eso lo sabe el presidente Daniel Ortega”, dijo por su parte el director nacional de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) Roberto Petray.
Afirmó que ese organismo tiene documentados siete casos de reos detenidos ilegalmente en el penal de Estelí porque el alcaide, en lugar de obedecer las sentencias judiciales prefiere el desacato por supuestas órdenes del Ministerio de Gobernación.
La juez de Distrito del Crimen y docente capacitadora autorizada por la Corte Suprema de Justicia en Estelí, doctora Elízabeth Corea, confirmó que existen tres sanciones contra el alcaide de Estelí, Marcos Muñoz, por desacato a las órdenes judiciales, incluyendo a las resoluciones de los magistrados del Tribunal de Apelaciones circunscripción Las Segovias, sin embargo, el problema persiste. Las sanciones consisten en retenerle el salario de algunos meses de su trabajo.
Algunos reos han interpuesto recursos ante el tribunal de apelación por detención ilegal, pero aún así, siguen detenidos. Algunos llevan hasta siete meses en la cárcel después de haber obtenido su orden libertad.
La juez Corea reconoció que las sentencias judiciales son de ineludible cumplimiento y que los jueces de diferentes partes del país se han quejado por desacato reiterado en los sistemas penales, pero justificó que por la situación que se registró en Chinandega las autoridades tienen mayor cuidado con las órdenes de libertad emitidas.
“Con esta práctica reiterada de violación de los derechos de los reos, el poder judicial está al borde del colapso, porque parece que ni el Gobierno, ni los magistrados creen en sus propios jueces”.
Alberto Rosales, asesor legal del Cenidh.
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