México/EFE
El fiscal de México, Jesús Murillo Karam, aseguró que las labores de inteligencia serán clave en el combate a un crimen organizado que se pulverizó en los últimos años hasta el punto de que hoy existen “entre 60 y 80 cárteles de las drogas”, pequeños y medianos.
La estrategia del Gobierno de Felipe Calderón se enfocó en las cabezas, pero no atacó de raíz a los grupos criminales, lo que generó que los segundos, generalmente más violentos, ascendieran o crearan otras organizaciones que extendieron sus actividades a una “cantidad enorme de delitos”, dijo a la emisora MVS.
Además de los grandes cárteles como el de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) calculó entre 60 y 80 las organizaciones criminales pequeñas y medianas que en la actualidad hay en el país.
“Estamos identificando geográficamente su zona de influencia” y por eso es que el presidente Enrique Peña Nieto modificó la política de seguridad con un enfoque regional “para poder tener una estrategia más concentrada”, basada en inteligencia y objetivos claros, indicó.
Consideró “urgente crear un sistema de inteligencia que permita combatirlos” con instrumentos más modernos, más tecnología y ciencia, así como asegurar el control del territorio nacional y darle certeza a la ciudadanía de que está siendo protegida.
Ello permitirá no solo detener a los criminales, sino integrar mejor la investigación y llevarlos “adecuadamente” ante la justicia “para que la impunidad no siga creciendo”, apuntó el fiscal, convencido de que la única forma de resolver el conflicto es ir hasta el fondo y actuar con “toda la firmeza” y voluntad.
En la nueva estrategia también consideró fundamental tener instituciones creíbles, confiables, transparentes, que actúen apegadas a la ley.
Además, defendió las nuevas facultades de la Secretaría de Gobernación, que le permitirán concentrar “la capacidad de planeación y de coordinación” en materia de seguridad, algo que en su opinión faltó en la Administración de Calderón.
Murillo Karam consideró que al Gobierno anterior (2006-2012) le faltó “sentarse, planear y actuar de otra manera” en materia de seguridad”.
“La manera no fue la adecuada” y el saldo fue de alrededor de 70,000 muertes causadas por la violencia vinculada con el crimen organizado y unos 9,000 cuerpos sin identificar, afirmó el fiscal, aunque admitió que desconocen “el número preciso”.