Guatemala/ACAN-EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la OEA condenó al Estado de Guatemala por dos casos de desapariciones forzadas perpetradas en los años 80 por miembros de las fuerzas de seguridad, informaron hoy fuentes de esa organismo hemisférico.
Las sentencias fueron emitidas por los magistrados de la CorteIDH el pasado 20 de noviembre, y notificados oficialmente al Estado y los querellantes este fin de semana, según el fallo colgado en la página de Internet de ese organismo.
LOS CASOS
La CorteIDH condenó a Guatemala por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, el 18 de febrero de 1984, por un grupo de agentes de la desaparecida Policía Nacional, de quien aún se desconoce su paradero.
El Estado guatemalteco también fue condenado por el caso conocido como Diario Militar, un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por una unidad de la Inteligencia Militar del Estado, el cual contiene un registro de operativos represivos como secuestros, detenciones secretas y asesinatos, e información sobre las víctimas de dichos operativos.
VIOLACIÓIN DE DERECHOS
Según el fallo de la CorteIDH, el Estado guatemalteco “es responsable” por la desaparición forzada de García y otras 26 personas, incluidas en el Diario Militar, y la violación de los derechos fundamentales de estas personas.
Por lo consiguiente, ese organismo interamericano condenó a Guatemala a “iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable” sobre la verdad de esos hechos, procesar y condenar a los responsables directos, así como a “determinar el paradero” de los desaparecidos.
La CorteIDH estableció que las víctimas fueron consideradas por el Estado como “enemigos internos” por lo que ordenó su desaparición y posible asesinato, en el contexto de la guerra interna de 36 años que padeció este país centroamericano entre 1960 y 1996.
Como resarcimiento a la memoria de las víctimas y sus familiares, la CorteIDH ordenó al Estado realizar un documental sobre la vida de los desaparecidos, así como la construcción de un parque o plaza en honor de sus memorias.
Además del pago de indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas de entre 44,000 a 284,000 dólares, las cuales se deberán hacer efectivas por el Estado en un plano no mayor un año.
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