Tania Sirias
Este año legislativo los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron 51 leyes, de estas, algunas fueron promovidas por el sector económico y por miembros de la sociedad civil, tal es el caso de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, que fue presentada por el Movimiento María Elena Cuadra y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También la Ley Especial para el del Proyecto Complejo Industrial “El Supremo Sueño de Bolívar”.
Ley de Concertación Tributaria que según el Gobierno establece una política tributaria progresiva e impulsa el aumento de la productividad, las exportaciones y la generación de empleo. La oposición señala que afecta a la clase media.
“En todas estas leyes tratamos de hacer persuasión, pero la aplanadora sandinista aprobó, en muchos casos, leyes sin visión de nación”, señala el diputado opositor Carlos Langrand.
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Esta ley se creó, según palabras del presidente del parlamento, René Núñez, para “proteger la vida de las mujeres”, además de su integridad frente a la violencia de género, “previniendo, tipificando y sancionando conductas delictivas de los hombres en el ámbito público y privado”, dijo el diputado al presentar el informe anual.
A pesar de ser una de las leyes destacadas de este año, no se le asignó un presupuesto para su operación, al igual que otros códigos aprobados en este periodo legislativo. Una investigación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) demostró que el desarrollo de las etapas del proceso de ley depende de diversos factores, entre ellos: “de dónde proviene la iniciativa, quién la promueve, el respaldo o no de los actores relevantes, el contenido de la misma, entre otros”.
En el caso de las leyes de salud, educación y economía, según el informe del Ieepp, estas estuvieron al frente de los presidentes de comisiones, todos miembros del partido de gobierno. Además destaca que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) desempeñó un rol importante para impulsar iniciativas económicas.
LEY CONTRA LA VIOLENCIA
El diputado Carlos Langrand dijo que en el caso de la Ley de violencia contra la mujer o intervienen varias instituciones, entre esas el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Comentó que ambas instituciones se deben destinar fondos para la capacitación a los fiscales a nivel nacional, sin embargo no hubo partidas orientadas para ese rubro.
“Creemos que esta es una de las leyes que tiene mayor erogación, sin embargo son los presupuestos individuales los que van a absorber la implementación de esta”, dijo Langrand.
También se aprobó la ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como herramienta para la prevención del lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas.
Ley que establece la Semana de la Lactancia Materna con el ánimo de promover y proteger dicha lactancia. Langrand dijo que en el tema de la Unidad de Análisis Financiero, sí se destinaron recursos, ya que es una oficina nueva en su funcionamiento y va a ser adscrita a la oficina de información para la defensa, la cual va a estar bajo la supervisión de la Presidencia de la República.
Añadió que el objetivo que persigue la UAF es bueno, sin embargo podría convertirse en un instrumento político en contra de aquellos que no son proclives al Gobierno.
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