Josué Bravo
La carretera fronteriza costarricense, literalmente, sigue empantanada.
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Según la Contraloría General de la República, esta ruta se construyó con dinero inicialmente presupuestado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para mejoras de lastre, demarcar vías, construir puentes, reparar carreteras y recarpetear otras vías ticas.
El Conavi trasladó entre 2011 y 2012 más de cincuenta millones de dólares para construir la carretera rústica de 160 kilómetros de longitud y rehabilitación de 440 kilómetros en vías de acceso; todo en medio de la paranoia oficial de la supuesta invasión nicaragüense a Costa Rica.
Según declaraciones de la contralora Marta Acosta, ante una comisión legislativa que investiga aparente corrupción en la apertura de esta vía, por los recursos dedicados a la carretera fronteriza, el Conavi dejó de hacer proyectos y obras en el resto del país.
El exdirector del Conavi, Carlos Acosta, investigado por el Ministerio Público por el supuesto delito de peculado por aparente corrupción en este sonado caso, asegura que la entidad no dejó de hacer lo que tenía programado para abrir esta vía. Dijo que la vía aún vale la pena para Costa Rica y que la inversión realizada puede salvarse si se termina la obra.
La trocha quedó a “medias”, luego que en mayo de este año la mandataria Laura Chinchilla denunció los supuestos actos de corrupción en la obra que ella misma autorizó y orientó.
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