Martha Vásquez
El estado de arrebato y la embriaguez como atenuantes en la sentencia del juicio por la masacre de El Carrizo, en febrero pasado, fue la primera sentencia que generó críticas al poder judicial este año.
Los magistrados de la Sala Penal de la CSJ, formada por magistrados de facto, cambió el delito de peculado por estafa para beneficiar a Mario José Cortez Urrutia y Germán Antonio Palacios Chavarría, extrabajadores de la Alcaldía de Managua, condenados a cuatro años de cárcel por extraer 3.5 millones de córdoba de esa entidad. Según información revelada en juicio, el dinero fue utilizado para pagar a los rezadores de las rotondas.
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Especialistas y activistas de derechos humanos calificaron a la sentencia del juez de Somoto, Erick Laguna Averruz, como “aberrante, sin asidero jurídico y complaciente con los agresores políticos”.
Los procesados José Herrera (secretario político del FSLN) y Eusebio Cruz (funcionario del Consejo Electoral Municipal), Elvin López (el exjefe de la Policía de Somoto) y Mauricio Díaz (oficial permanente) fueron condenados a tres años y tres meses por homicidio, lesiones graves, leves y portación ilegal de armas.
Después de perseguir y disparar a mansalva contra tres ciudadanos y luego bailar sobre sus cadáveres.
NARCOCASOS
En marzo salió a luz el primer caso connotado del año contra el narcotráfico, conocido como la estructura narco de Henry Fariñas, proceso que inició con la acusación de más de cuarenta personas, aunque al final solo se procesó y condenó a 23.
La magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su informe final reportó como 15 los casos más connotados y judicializados este año contra el crimen organizado, pero destacó entre los más importantes al caso Fariñas, la Operación Dominó y el caso de los falsos periodistas de Televisa.
Ramos destacó entre las características de estos grupos, el número de personas acusadas, dinero y droga incautada, propiedades ocupadas y la compleja estructura a nivel centroamericano.
OTROS CASOS
Durante el año no pueden olvidarse el caso del laboratorio de anfetaminas que se procesó en Ciudad Sandino, el caso del colombiano Luis Felipe Ríos Castaño, acusado de intrusión y revelación de secretos de Estado en perjuicio del Estado de Nicaragua, condenado a 16 años de cárcel.
También estuvo la controversia causada con la anulación de juicio de Jason Zachary Puracal, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas.
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